
Vicky Dávila calificó de “payaso desagradable” y “mentiroso” a Alfredo Saade, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, tras una controversia en redes sociales.
Saade afirmó que “debería ser delito intimidar a los jueces”, en reacción a una publicación de Yesid Lancheros, periodista que compartió un artículo titulado ‘La historia de la jueza que fallará sobre Álvaro Uribe. Su familia en el Tolima es conservadora, pero quienes la conocen aseguran que ella es de izquierda’".
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El comentario de Saade generó una respuesta inmediata y contundente de Dávila: “Usted es un payaso desagradable. ‘El pastorcito’ mentiroso”.
Las declaraciones reflejan la tensión existente entre el gobierno y distintos periodistas, especialmente en torno a temas judiciales de alto perfil como el proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe.
La publicación original señalaba aspectos personales y familiares de la jueza a cargo del caso, lo que Saade interpretó como un intento de presión hacia la justicia.
La reacción de Dávila evidencia cuánto se ha exacerbado el debate público, con acusaciones directas y enfrentamientos abiertos en medios y redes.

Posteriormente, Saade se volvió a referir al artículo periodístico afirmando que “Este perfilamiento debería ser delito y sancionado penalmente”.
La polémica jueza en el caso contra Álvaro Uribe Vélez
El presidente Gustavo Petro intervino en el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez mediante un mensaje el 22 de julio de 2025, donde afirmó: “Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera”.
Esta declaración, difundida en su cuenta de X, puso en el centro de la atención pública la importancia de la autonomía judicial y, a la vez, a la jueza responsable del caso: Sandra Liliana Heredia Aranda.
El 28 de julio está previsto que se conozca el fallo definitivo en el proceso contra Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, una decisión que recae exclusivamente en Sandra Heredia.
De confirmarse una sentencia condenatoria, la jueza marcaría un precedente al tratarse del primer exmandatario colombiano condenado en la historia. La trascendencia del caso, según analistas y fuentes judiciales, ha convertido a Heredia en el rostro principal de un proceso que atrae la atención no solo de Colombia sino también del ámbito internacional.

La historia de Sandra Heredia está marcada por la superación. Nació en una zona rural del Tolima y creció en medio de limitaciones económicas.
Cursó la primaria en la Escuela Urbana de Niñas y el bachillerato en el Colegio Felisa Suárez de Ortiz, en Alpujarra, un pequeño municipio agrícola. Por falta de recursos, debió trasladarse en la adolescencia a Flandes, donde su hermana la ayudó a acercarse a la Rama Judicial.
En los noventa, combinó trabajo y estudios: inició su formación con cursos en el Sena de Girardot porque su familia no podía pagarle la universidad.
Su primera labor en la Rama Judicial fue como notificadora temporal, cubriendo vacaciones en el juzgado donde trabajaba su hermana. Luego, desempeñó cargos operativos en Melgar y completó sus estudios de Derecho viajando entre Melgar y El Espinal, hasta obtener el título profesional en 2006. En 2009, inició formalmente su carrera como jueza en Bogotá.
A lo largo de los años, Heredia ocupó varios cargos: oficial mayor de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, Juez Cuarto Penal Municipal en Ibagué y, desde 2018, Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá.

En ese rol, condenó por primera vez a un policía vinculado con las protestas de 2020.
En abril de 2024, por sorteo, recibió el proceso contra Uribe y solicitó no recibir nuevos casos para enfocarse en este. Pese a tutelas y solicitudes de aplazamiento, logró que el proceso avanzara a un ritmo poco habitual en casos de alta complejidad.
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