“Sin jueces libres no hay democracia”. Con esa frase, el partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, el Centro Democrático (CD), se refirió a la controversia generada por un comunicado del Pacto Histórico que cuestionó la labor del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Lo anterior, en medio de la tensión entre el Gobierno nacional y la Corte Constitucional por el aplazamiento de la revisión de la ley de reforma pensional.
La colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó con contundencia a la misiva de la coalición política que respalda a Petro y enfatizó la importancia de respetar la Constitución y de garantizar la autonomía de los jueces. “Rechazamos el comunicado del Pacto Histórico que ataca al magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Es inaceptable que se presione a la Corte Constitucional por no fallar al gusto del Gobierno”, denunció el CD.
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En el comunicado del Pacto Histórico se expresó una “profunda preocupación por los reiterados actos de activismo judicial de oposición realizados por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en el proceso de revisión de la Ley de Reforma Pensional”. En el documento, se señaló al togado de dilatar el análisis de fondo de la ley, lo que estaría entorpeciendo la implementación de una norma fundamental para el bienestar de millones de adultos mayores en el país.
“Resulta alarmante que, pese al cumplimiento del trámite legislativo y a la subsanación del vicio de procedimiento advertido por el Tribunal, el magistrado Ibáñez insista en dilatar el análisis de fondo de esta ley, generando un evidente entorpecimiento del calendario de implementación de una norma que beneficia directamente a más de tres millones de adultos mayores que hoy no cuentan con protección pensional”, expresó el Pacto en su comunicado.
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El Pacto Histórico instó al magistrado a actuar con prontitud y responsabilidad. “Llamamos respetuosa y enérgicamente al Presidente de la Corte Constitucional a actuar con celeridad y responsabilidad histórica. El país no puede seguir aplazando decisiones cruciales por temores políticos o presiones de intereses económicos. La justicia constitucional no puede convertirse en un instrumento para frenar reformas democráticas y sociales", puntualizó.
Centro Democrático salió en defensa del magistrado Ibáñez, tras ‘dardos’ del Pacto Histórico
En respuesta a estas acusaciones, el Centro Democrático defendió la independencia de Ibáñez y la necesidad de proteger a los jueces de presiones políticas. “Defender la Constitución no es activismo judicial. Activismo es pretender que los jueces se arrodillen ante intereses políticos”, sostuvo el partido opositor en su mensaje de X. Esta postura fue reforzada con la exigencia de respeto a la labor de las altas cortes; en especial de la Corte Constitucional.
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“Exigimos respeto a la independencia de la rama judicial. Sin jueces libres no hay democracia. Lo demás es autoritarismo disfrazado de ‘voluntad popular’”, insistió el colectivo contrario al Ejecutivo, en un panorama en el que se espera la determinación de la Sala Plena sobre el futuro de la reforma tramitada en el legislativo. Y que para los partidos de Gobierno, buscaría saldar la deuda histórica con millones de colombianos que no tienen ingresos fijos.
El texto aprobado destaca que el eje central de la reforma es la creación de un sistema solidario y mixto que garantice dignidad a las personas mayores, así como el aumento en la cobertura de protección efectiva a la vejez, pasando del 24% al 53,73% en el primer año de implementación, y alcanzando el 87% en 2052. La decisión de aplazar la discusión provocó, incluso, que el presidente Petro señalara a Ibáñez de estar detrás de una estrategia para hundir la ley.
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Frente a estos señalamientos, el magistrado Ibáñez, que asumió en febrero de 2025 la presidencia de la Corte, y que es el magistrado ponente frente a la revisión de legalidad del articulado, fue enfático en rechazar las acusaciones del primer mandatario. Y expresó que tales afirmaciones “no obedecen a la verdad”, por lo que defendió así la integridad y autonomía de la Corte en el proceso de revisión de la ley, que tuvo que pasar por un nuevo proceso en la Cámara.
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