Aseguran que ascensos en la Policía quedaron congelados con el Gobierno Petro: “Se van a quedar como unas promesas electoreras de campaña”

Exoficiales y expertos están señalando que el proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional se encuentra frenado, a pesar de los compromisos asumidos por el gobierno de Gustavo Petro para reformar la estructura y permitir el ascenso de patrulleros.

Los denunciantes manifestaron en entrevista con Semana, medio que reveló las denuncias, su inconformidad ante la parálisis de los procesos de ascenso dentro de la institución.

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Afirmaron que la promesa presidencial se quedó corta frente a lo esperado por el personal operativo.

Los testimonios que recogió Semana muestran una percepción generalizada de frustración entre los miembros retirados y activos de la Policía.

De acuerdo con la denuncia, la gestión del presidente Gustavo Petro no logró implementar las reformas esperadas por quienes integran la institución.

Jorge Iván Mina, presidente del Colegio de Abogados de la Fuerza Pública, denunció que desde su trabajo ha visto un “desvertebramiento de la estructura de la Fuerza Pública, en la calidad de servicio. Oficiales superiores de la Policía Nacional de las Fuerzas Militares, hoy son 18 generales después de que tenía 53. Se sacan los oficiales coroneles y luego los mayores. Y hay una ausencia de liderazgo en la Fuerza Pública porque van a transcurrir diez, 15, 20 años, en los cuales no vamos a tener una nueva era de oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, dijo.

Incluso, aseveró que “nos hemos retrocedido en la seguridad, como sucedía hace 20, 30 años y hay una desmotivación interna, por los acuerdos sectoriales de paz que ha liderado el gobierno”.

Mina habló, incluso, sobre la idea del presidente de mover el Ministerio de Defensa a otra cartera. Afirmó que se trata de algo “inviable”.

“Bueno, esa es una de las propuestas del gobierno que incluso toda la reserva, personal activo, los colegios de abogados, la consideraban inviable. Y precisamente ese cometido debía hacerlo el señor General Salamanca, que se preveía que va a implementar ese traslado de la Policía a el Ministerio del Interior o al o al Ministerio de Justicia”, dijo.

Agregó que la razón es que “las fuentes constitucionales de la Fuerza Pública están sembradas por voluntad de la del Constituyente, porque en el artículo 216, 217, 218, está la Fuerza Pública. Son organizaciones que deben estar regladas por el carácter constitucional y que no pueden estar a merced de una decisión del presidente de turno”.

Sugirió que “la exigencia es implementar unas leyes de seguridad nacional que permitan darle una mayor fortaleza a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Es decir, nosotros hacemos parte del Ministerio de Defensa y no existe una posibilidad jurídica sino desde el punto de vista de modificar la Constitución para que el señor presidente hubiese podido cumplir con esa promesa, que es otra de las promesas incumplidas del Gobierno”, agregó.

Concluyó que en medio de los uniformados “hay una incertidumbre muy grande. La seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública se ve afectada, decisiones mediáticas del señor presidente como el poco tiempo que han estado los directores de las cajas de sueldo de retiro (...)”.

Petro no ha firmado el decreto de ascenso

Mina cuestionó que a la fecha del 25 de julio “no ha firmado el señor presidente el decreto de ascenso de los miembros de la Fuerza Pública, la Policía Nacional y eso va a traer unas consecuencias muy graves”.

Dijo que estas circunstancias “van a afectar la moral de la tropa, de esos 600 oficiales, de ese de 600 familias, va a haber una desconfianza administrativa de las Fuerzas Militares frente a las decisiones del Ejecutivo, porque unas personas que se esfuerzan por hacer una carrera exitosa y hoy dependen de la voluntad del presidente”.

Incluso, aseveró que las consecuencias pueden ser graves para la institución en términos fiscales.

“Eso va a traer un desencadenamiento de demandas masivas en contra del Estado, que podrían ascender a más de 30 mil millones de pesos. Es decir, que una decisión que podría ser solamente de carácter administrativa, se va a volver una responsabilidad de carácter fiscal”, agregó.