Moteles fueron descubiertos robando luz: Electrificadora de Santander inició acciones legales y los dejó oscuras

La Electrificadora de Santander (Essa), responsable de suministrar energía a toda la capital santandereana, descubrió una compleja estructura para evadir el pago del recibo por parte de dos importantes establecimientos.

Los hechos ocurrieron en la zona nororiental de Bucaramanga, donde se descubrieron sofisticadas conexiones subterráneas de energía que permitían el funcionamiento ininterrumpido de dos reconocidos moteles sin que declararan el consumo real.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo informado por la electrificadora, los establecimientos denominados Kamasutra y Palmeiras habrían diseñado sistemas clandestinos que evadían el registro en los medidores, generando pérdidas considerables en la red eléctrica y comprometiendo la estabilidad del suministro para otros usuarios.

Según información disponible hasta el momento, las irregularidades salieron a la luz al realizar inspecciones técnicas en ambos recintos.

En el caso específico del motel Kamasutra, los verificadores detectaron una manipulación directa del equipo medidor, acompañada por la instalación de una red eléctrica subterránea escondida cuidadosamente en un tubo de PVC.

Esta maniobra, detalló la entidad, permitía un suministro eléctrico directo al establecimiento, sin que el consumo quedara reflejado en el sistema oficial de medición.

La Essa precisó que esta alteración facilitó la apropiación ilícita de unos 9.100 kilovatios-hora (kWh), energía que deberá ser pagada conforme a la normatividad vigente.

Como respuesta, se retiró el medidor adulterado y se procedió a suspender toda conexión directa irregular, levantando de inmediato el respectivo comparendo por defraudación de fluidos, con participación de la Policía Nacional.

En el caso del motel Palmeiras, ubicado también sobre la carrera 33, el patrón detectado presentaba una aparente normalidad, ya que el reporte de consumo resultaba estable.

No obstante, el nivel declarado no concordaba con las 24 horas diarias de actividad de este tipo de negocio. Tras una revisión en profundidad, los técnicos descubrieron un cable trifásico de cobre conectado de manera clandestina desde una estructura de la red pública hasta el interior del motel, todo facilitado por un ducto subterráneo. “Según cálculos técnicos, el uso irregular alcanzaba los 26.060 kWh cada mes”, detalló la Essa.

Estos hallazgos han sido clasificados por las autoridades como delitos de defraudación de fluidos, una práctica que representa un riesgo para la seguridad colectiva y que incide negativamente sobre la calidad del servicio eléctrico, por lo que deberán pagar multas de hasta 200 millones de pesos, además de posible privación de la libertad para los involucrados con penas que podrían oscilar hasta los 72 meses.

La Electrificadora de Santander remarcó que tales conexiones ilícitas afectan tanto la infraestructura de la red, como las finanzas del prestador y la seguridad de los habitantes.

A través de un comunicado, la Essa recordó que “robar energía es un delito que pone en riesgo vidas y debilita la infraestructura que nos sostiene a todos”.

Las inspecciones y sanciones aplicadas son parte de la campaña institucional “En la Jugada, robar energía tiene consecuencias”, impulsada con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad y proteger la prestación del servicio público.

La Electrificadora de Santander hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie de manera anónima cualquier situación irregular ante las autoridades correspondientes. Para facilitar la participación, la entidad mantiene habilitados los canales 01 8000 97 19 03 y el WhatsApp 318 833 91 21, donde se pueden reportar conexiones sospechosas en busca de prevenir nuevas afectaciones.

La Essa indicó que este tipo de intervenciones técnicas y penales seguirán siendo una constante en varios sectores, con el fin de garantizar la estabilidad de la red y disminuir los riesgos derivados de fraudes eléctricos.

Entretanto, las autoridades judiciales y de policía acompañan las acciones, conscientes de la importancia de proteger el acceso seguro y regular a la energía, considerado esencial para la vida urbana y la productividad regional.