Mientras el país busca consolidar su transición energética y atraer inversiones en hidrocarburos, los ataques a la infraestructura crítica continúan al alza. En los primeros seis meses de 2025, el Ministerio de Defensa reportó 35 atentados contra instalaciones del sector petrolero, un panorama que no solo afecta la operación diaria, sino que amenaza seriamente la seguridad energética del país.
De esos ataques, 21 correspondieron a voladuras de oleoductos —un aumento de 600% frente al mismo periodo de 2024—, mientras que los 14 restantes fueron contra vías, lo que representa una disminución del 30% en ese rubro específico. Las cifras hacen parte del informe de seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales del ministerio, que evidenció cómo la infraestructura de transporte de hidrocarburos se convirtió nuevamente en blanco frecuente de grupos armados ilegales.
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Romper un oleoducto no solo implica suspender el bombeo, el impacto ambiental, el riesgo de incendios, los derrames de crudo y las pérdidas económicas son considerables. Las vías, por su parte, son esenciales para el traslado de insumos, personal y maquinaria. Su voladura genera una parálisis en la cadena logística que repercute en toda la operación extractiva.
Pero, la violencia no es el único problema. Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), durante 2024 los bloqueos y vías de hecho en regiones productoras se dispararon en un 151%. Las interrupciones duraron entre cinco y diez días, afectando gravemente la producción, hasta 100.000 barriles diarios se dejaron de extraer en algunos casos.
La ACP advirtió que esta conflictividad social impacta no solo la operación técnica de las empresas del sector, también el tejido económico y social de las regiones productoras. La magnitud de las afectaciones es visible en territorios como Casanare, que durante 2024 acumuló 222 eventos de alteración del orden público, lo que representa un incremento alarmante del 416% en comparación con el año anterior.
En el departamento del Meta, otra de las zonas clave para la industria petrolera, se reportaron 152 situaciones conflictivas, con un aumento del 171% que encendió las alarmas entre gremios e inversionistas. Arauca, por su parte, sumó 38 casos (71% más que en 2023), mientras que Córdoba alcanzó los 25 reportes, con una variación del 150%. Cesar también se vio afectado, con 64 eventos registrados, lo que representa un alza del 28%.
El balance económico es preocupante, cuatro millones de barriles diferidos, lo que equivale a US$28,5 millones menos en regalías y una caída del 33% en comparación con 2023. A eso se suman pérdidas sociales, 3.000 empleos no contratados, una reducción de cerca de $2 billones en compras a proveedores regionales y $35.000 millones menos en inversión social, tanto voluntaria como contractual.
“Estamos dejando de construir cerca de 500 kilómetros de vías terciarias y secundarias por cuenta de esta conflictividad. La sostenibilidad operativa, el empleo y el desarrollo están en jaque”, advirtió la ACP en su último informe.
La amenaza se extiende también a los oleoductos. En 2024, más de 40 atentados fueron reportados, junto con 180 conexiones ilícitas. El caso más grave fue el del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, que permaneció diez meses fuera de operación tras un ataque. Este oleoducto, que conecta los campos del oriente del país con la costa Caribe, es clave para la exportación de crudo y para garantizar el abastecimiento energético en varias regiones del norte del país.
Las consecuencias de estos ataques son múltiples. Desde el riesgo ambiental que implica la liberación de crudo en ecosistemas sensibles, hasta el debilitamiento de la confianza inversionista y el encarecimiento de los seguros para operar en Colombia, factores que afectan directamente la competitividad del sector energético y comprometen su sostenibilidad a largo plazo.
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