La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila no se quedó callada ante un reciente pronunciamiento del exmandatario Juan Manuel Santos en 6AM de Caracol Radio, donde afirmó que el proyecto de sometimiento de la actual administración es “una improvisación total”.
Tras lo anterior, Dávila le respondió: “Causa estupor escuchar a Juan Manuel Santos criticando el proyecto de sometimiento de este gobierno, porque no exige a criminales como los del Clan del Golfo que entreguen rutas del narcotráfico y nombres de compradores de la cocaína”.
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Según Dávila, las Farc que el gobierno de Santos “limpió” no entregaron la información correspondiente, y que aún después de 10 años no han pagado por sus crímenes.
“Las Farc que Santos “limpió”, tampoco entregaron rutas del narco, ni delataron a nadie. Siguen sin decir la verdad, no repararon a su víctimas y no han pagado por sus crímenes, casi 10 años después. Están libres e impunes. Santos no tiene autoridad moral“, señaló la candidata presidencial.
Cabe destacar que Vicky Dávila ha sido desde el primer momento una de las fuertes opositoras del Gobierno de Gustavo Petro, atacando cada una de sus reformas y proyectos de ley.
Ministro de Justicia le respondió a Juan Manuel Santos por oponerse a la ley de sometimiento
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respondió de manera enfática a las críticas que han surgido en contra del proyecto de ley de sometimiento promovido por el Gobierno nacional, iniciativa que hace parte de la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Las declaraciones más recientes del jefe de la cartera de Justicia estuvieron dirigidas principalmente al expresidente Juan Manuel Santos y a la Corte Suprema de Justicia, quienes han expresado reparos frente al contenido de la propuesta.
En un reciente pronunciamiento, Montealegre cuestionó la postura del exmandatario, señalando que el rechazo al proyecto significaría ignorar la complejidad del conflicto actual en el país.
“Si Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”, afirmó el ministro, insistiendo en que Colombia requiere mecanismos que permitan avanzar en procesos de desmovilización con los grupos armados que aún operan al margen de la ley.
Montealegre reconoció los logros alcanzados con el Acuerdo Final con las Farc, firmado en 2016 bajo el gobierno de Santos, pero señaló que las condiciones han cambiado. A su juicio, estos pactos no deben ser considerados como un modelo inalterable.
“Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra (…) es absolutamente inconstitucional hacer interpretaciones que digan que (…) ya hacia futuro no podemos seguir haciendo justicia transicional”, manifestó el funcionario.
Frente al concepto negativo emitido recientemente por la Corte Suprema de Justicia, que advirtió sobre una supuesta falta de garantías en el articulado, Montealegre expresó sorpresa. Resaltó que el proyecto se apoya en décadas de experiencia internacional sobre justicia transicional.
“Esta discusión empezó hace 50 años (…) creo que ya después de tantos debates todos tenemos la capacidad de entender los elementos de investigación e imputación”, explicó, haciendo referencia a antecedentes como Núremberg, Jerusalén y los tribunales penales internacionales.
El ministro aseguró que la iniciativa no ha sido improvisada, sino que recoge aprendizajes nacionales e internacionales. Para Montealegre, negar la posibilidad de abrir nuevos caminos para la resolución de conflictos internos sería un error político e histórico.
La propuesta legislativa ha generado amplio debate, dividiendo opiniones en distintos sectores. Mientras unos defienden que se trata de una herramienta necesaria para consolidar la paz, otros advierten sobre posibles beneficios judiciales otorgados a criminales sin condiciones suficientemente claras.
En medio de la discusión, Montealegre reiteró su disposición al diálogo con las altas cortes, con el objetivo de avanzar hacia una formulación técnica y consensuada.
Según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, espera un debate profundo en el Congreso, donde se determine si el proyecto se ajusta a los principios constitucionales y de política criminal.
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