Revelan detalles de la operación de una red internacional de tráfico de migrantes: dos de los señalados eran contratistas del Estado

Las autoridades judiciales en Colombia revelaron el 18 de julio de 2025 un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, que culminó con la desarticulación de una estructura dedicada al tráfico de migrantes. El procedimiento se ejecutó en dos puntos estratégicos del país; en la isla de San Andrés y la ciudad de Medellín, donde fueron capturadas tres personas señaladas de pertenecer a una red internacional que facilitaba el paso irregular de extranjeros por territorio colombiano.

Dicha organización habría establecido una ruta clandestina que iniciaba en Brasil y se extendía por Leticia, Medellín, San Andrés y Nicaragua, teniendo como destino final los Estados Unidos. La información preliminar de inteligencia indica que las víctimas eran ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellas egipcia, iraní, vietnamita e hindú.

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El esquema, diseñado con meticulosidad, incluía el uso de documentos falsificados, entre ellos pasaportes sellados con timbres que imitaban los usados por Migración Colombia, permitiendo así el paso por controles aeroportuarios sin generar sospechas.

En el proceso de judicialización, los implicados fueron presentados ante jueces de control de garantías, que les imputaron cargos por tráfico de migrantes y concierto para delinquir. A lo anterior, se sumaron las acusaciones por secuestro y cohecho, debido al trato infligido a los menores que eran parte del grupo de migrantes. Las interceptaciones telefónicas realizadas durante la investigación arrojaron testimonios que comprometen gravemente a los capturados.

En una de las grabaciones, una de las integrantes de la red ordena con claridad: “Cierren la puerta. Ciérrala con candado. Bien y todo”, dejando en evidencia el encierro forzado al que eran sometidos los migrantes, especialmente los niños, que eran alimentados con raciones mínimas.

La revelación más comprometedora; sin embargo, se conoció tres días después de la operación inicial, cuando Noticias Caracol divulgó un informe periodístico que incluía declaraciones de fuentes de la investigación. Según este reporte, dos de los capturados habrían sido contratistas vinculados a la Gobernación de San Andrés, específicamente en el área de turismo.

“Gracias a dos informantes descubrieron que el jefe de la banda y una de sus coordinadoras logísticas trabajaban como contratistas en el área de turismo en la Gobernación de San Andrés”, afirmó el informe televisivo, al señalar que una presunta infiltración institucional que permitió a la organización operar durante un tiempo prolongado sin ser detectada.

El líder de la red, identificado por las autoridades como alias Hammer, se estableció en San Andrés como punto de coordinación logística. Según explicaron voceros de la Dijín, el individuo se desplazaba frecuentemente a Medellín con pasaportes que portaban un sello migratorio falso, los cuales él mismo estampaba en los documentos de los migrantes.

Una vez cumplido este paso, los ciudadanos extranjeros viajaban en avión desde la capital antioqueña hacia la isla, donde eran alojados en viviendas clandestinas hasta ser embarcados de forma ilegal hacia Nicaragua.

Uno de los eventos que impulsó con mayor fuerza las acciones investigativas fue el naufragio de una embarcación en febrero de 2025, frente a las costas de Corinto, Nicaragua. En esa tragedia perdieron la vida cinco migrantes egipcios, entre ellos dos menores. Según la versión de los investigadores, las personas fallecidas habrían partido desde San Andrés a bordo de un bote no apto para navegación marítima.

“Son botes que no están adecuados para ir sobre mar abierto. Entonces había mucho oleaje y pues esas personas también iban sin chalecos salvavidas”, explicó uno de los oficiales encargados del caso.

La red desmantelada cobraba entre USD2.000 y USD3.000 por cada migrante, según el testimonio recogido por la Policía. Este monto incluía la promesa de un paso seguro por Colombia, utilizando la supuesta legalidad de los sellos migratorios para evitar ser detectados por las autoridades.

La coordinación del viaje, desde el ingreso a Leticia hasta el cruce final hacia Centroamérica, se llevaba a cabo mediante una estructura que, al parecer, contaba con varios eslabones operativos y logísticos, algunos de ellos posiblemente relacionados con entidades estatales.