La Procuraduría General de la Nación informó que en fallo de segunda instancia se confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por 12 años y cinco meses proferida contra el oficial de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Jaime Alonso Sánchez Cárdenas.
El Ministerio Público indicó que Sánchez Cárdenas golpeó a un viajero y le ocasionó lesiones en su rostro y pierna izquierda.
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La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó que el funcionario abusó de su cargo y agredió físicamente a un ciudadano colombiano que le solicitó orientación para acceder al registro biométrico y realizar su trámite migratorio de ingreso al país.
Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2022, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras lo que recibió una incapacidad médico legal de cinco días.
La Procuraduría precisó que Jaime Alonso Sánchez Cárdenas “infringió su deber de tratar a las personas con respeto, al quebrantar injustificadamente los deberes que le fueron asignados como servidor, afectando los valores o principios de la función pública, y la consecución de los fines del Estado”.
El Ministerio Publico aseveró que con su forma de actuar Sánchez Cárdenas vulneró el principio de moralidad, por lo que calificó de manera definitiva la falta disciplinaria en que incurrió como gravísima cometida a título de dolo.
Detalles de lo ocurrido
El 24 de noviembre de 2022 se registró un episodio de violencia en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, que involucró a un funcionario de Migración Colombia y un viajero identificado como Juan Ramón Camarillo, ingeniero electricista de profesión.
Ese día, mientras el pasajero esperaba su turno en la fila para los controles migratorios, se generó una discusión que rápidamente escaló y terminó en una agresión física registrada en video.
Según las imágenes difundidas en redes sociales, el funcionario, Jaime Alonso Sánchez Cárdenas, portaba su uniforme y carné visible al momento de los hechos.
Las grabaciones mostraron cómo Sánchez propinó patadas y golpes al pasajero ante la mirada de otros usuarios y funcionarios de la terminal aérea.
Durante la agresión, varias personas intervinieron de distintas maneras: algunos empleados de Migración solo observaron, mientras que una funcionaria intentó impedir que una testigo continuara grabando la escena con su teléfono celular.
En el video también se evidenció el intento del funcionario agresor de arrebatarle el dispositivo a la mujer que capturaba lo sucedido.
Los testigos del enfrentamiento cuestionaron al agresor en medio de la confusión, mientras se escuchaban reclamaciones sobre el comportamiento de Sánchez.
Tras la agresión, personal de Migración acompañó al pasajero agredido a otra zona del aeropuerto, alejándolo de la fila principal y de los cubículos donde se llevan a cabo los controles de ingreso y salida.
La víctima, Camarillo, explicó posteriormente que el incidente tuvo origen en una solicitud de ayuda.
El viajero señaló que presentó dificultades con la máquina de identificación biométrica utilizada para agilizar el proceso de entrada, y al pedir orientación recibió respuestas hostiles por parte del funcionario. Durante el intercambio de palabras, que se tornó tenso, el funcionario reaccionó con agresividad física, según consta en el video y en el testimonio del propio afectado.
Según la información oficial, la agresión le causó a Camarillo lesiones que le dejaron una incapacidad médico legal definitiva de cinco días.
La Procuraduría concluyó que el funcionario utilizó su cargo para agredir a un ciudadano que solo solicitaba apoyo en un trámite migratorio. También determinó que este tipo de actuaciones afectan los principios y valores de la función pública.
Ante la difusión del video y la indignación generada en la opinión pública, Migración Colombia anunció la apertura inmediata de una investigación disciplinaria y la suspensión provisional de Jaime Alonso Sánchez Cárdenas por tres meses.
Concluidas las investigaciones, las autoridades y Migración Colombia reafirmaron la importancia de velar por el respeto y la integridad de los usuarios en los servicios migratorios.
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