Juliana Andrea Guerrero Jiménez, funcionaria del Ministerio del Interior, está en el ojo de la opinión pública y de las instituciones del Estado por el uso, al parecer, sin permiso de aeronaves oficiales en un viaje que realizó el 19 y 20 de junio de 2025 hacia el municipio de Aguachica, departamento del César.

La W Radio informó en la mañana del martes 22 de julio de 2025 que la Procuraduría General de la Nación procedió a realizar una inspección a la parte administrativa del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá por este caso.

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El medio de comunicación afirmó que las bitácoras de los días mencionados anteriormente serán el blanco de los funcionarios, así como el inicio de este tipo de servicios por parte de la joven de 22 años desde el 6 de marzo, así como el permiso por parte de la cartera para estos traslados.

Esto se da luego de que la entidad ordena abrir el proceso disciplinario por medio de un documento en el que se establece: “Ordenar de oficio la apertura de indagación previa en averiguación de responsables del Ministerio del Interior, por el término de seis meses, con el fin de verificar la efectiva ocurrencia de los hechos antes enunciados, la determinación de los hechos disciplinariamente relevantes, así como la individualización e identificación de los presuntos responsables de estos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído".

María Fernanda Cabal denunció formalmente a Guerrero

La precandidata presidencial y representante del Centro Democrático comunicó al país en la mañana del 22 de julio de 2025 que radio la denuncia oficial ante la procuraduría por los hechos que vincular a la funcionaria por el uso de aeronaves oficiales, tal como lo especifico en su documento.

La denuncia especifica que el 19 de junio, Guerrero abordó el avión PNC-0242 y, al día siguiente, el helicóptero Bell 212 PNC-0495, ambos propiedad de la Policía Nacional, con destino a Aguachica, en el departamento del Cesar.

El motivo del viaje, según relató la congresista, fue la participación en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Cabal sostiene que esta actividad no entra dentro de las funciones propias del Ministerio del Interior y, por lo tanto, no se justifica la utilización de aeronaves oficiales para dicho desplazamiento.

“La señora Guerrero no tenía ni autorización ni una misión oficial que justificara el uso de estos recursos del Estado. Lo que hay aquí es un uso arbitrario de bienes públicos para fines políticos, lo cual constituye una falta disciplinaria grave”, afirmó la parlamentaria en el documento.

La congresista también argumentó que el empleo de vehículos aéreos oficiales sin una orden institucional vulnera directamente principios como la legalidad, la transparencia y el respeto por el patrimonio público. En el documento presentado, se enfatiza que ni el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ni la propia Policía Nacional reportan vínculo alguno con Guerrero que permita justificar el traslado aéreo mediante recursos públicos.

Cabal agregó: “El traslado a Aguachica no tuvo justificación alguna desde el punto de vista institucional. No es competencia del Ministerio del Interior intervenir en el Consejo Superior de una universidad pública, y mucho menos enviar a una funcionaria en aeronaves oficiales para cumplir un rol que no le corresponde”.

Según la senadora, el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció públicamente que Juliana Guerrero no detalló el verdadero motivo del viaje ni contaba con permiso para utilizar las aeronaves de la Policía Nacional. Esta admisión, a juicio de Cabal, refuerza la urgencia de una investigación disciplinaria formal.