
Durante una jornada de trabajo orientada a la documentación de casos relacionados con vulneraciones a los derechos humanos, fue víctima de un atentado con arma de fuego el defensor Nilson de Arco, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp) en el departamento del Atlántico.
El hecho ocurrió el domingo 20 de julio, en el municipio de Soledad, mientras el activista se encontraba en compañía de miembros de otra organización defensora de derechos, desarrollando labores comunitarias en el barrio Los Campanos.
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El Comité confirmó que un sujeto armado, que se desplazaba en motocicleta, se aproximó al lugar donde se encontraba De Arco y procedió a dispararle directamente, por lo que el comité informó por medio de un comunicado: “Un hombre armado descendió de una motocicleta y disparó directamente contra él, causándole heridas de gravedad. Actualmente, se encuentra hospitalizado y recibiendo atención médica especializada, mientras su familia y testigos del hecho enfrentan una situación de riesgo inminente”.
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Las circunstancias en que se perpetró el ataque fueron descritas como particularmente graves, al considerar que el defensor adelantaba acciones relacionadas con la recolección de testimonios y documentación de posibles violaciones a derechos fundamentales en contextos de alta conflictividad social.
La presencia de otras personas pertenecientes a una organización humanitaria en el momento de los disparos sugiere que el ataque pudo haber estado dirigido específicamente contra su rol como defensor, en un intento por amedrentar o silenciar su labor.
Desde el Cspp se enfatizó que este hecho no pudo ser abordado como un incidente aislado, pues ocurrió en un entorno que se caracteriza por un incremento en las amenazas, hostigamientos y agresiones contra quienes desarrollan actividades de defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. “Este atentado no puede entenderse como un hecho aislado”, advirtió el Comité en su declaración.
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La organización recordó que De Arco había puesto en conocimiento de las autoridades ciertas situaciones que generaban preocupación, relacionadas con presuntos actos de corrupción y administración fraudulenta por parte de particulares. Estas denuncias, en criterio del comité, podrían tener relación directa con los hechos ocurridos justo en el Día de la Independencia.
“Estas circunstancias deben ser consideradas dentro del análisis integral de riesgo y como posibles móviles del atentado, por lo que instamos a que no sean ignoradas en el marco de la investigación”, insistió la entidad.
En su pronunciamiento, el comité solicitó, con urgencia, que se tomen medidas que permitan garantizar la integridad física de Nilson de Arco, de sus familiares y de los testigos que presenciaron el ataque. Además, exhortó a las autoridades estatales competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, a tomar acciones extraordinarias de protección, considerando el nivel de riesgo que enfrentan las personas involucradas.
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El comunicado también exigió celeridad y rigurosidad en el proceso de esclarecimiento del caso. En esa misma línea, se pidió que la labor del defensor como posible móvil del atentado sea incorporada como una línea prioritaria dentro de la investigación.
“Que se contemplen todas las líneas investigativas, incluyendo aquellas relacionadas con su labor como defensor de derechos humanos, así como con las denuncias y riesgos conocidos por las autoridades”, puntualizó.
Este nuevo episodio de violencia contra un activista de derechos humanos se enmarca dentro de una coyuntura nacional marcada por la continuidad de agresiones contra líderes sociales, particularmente en territorios donde confluyen economías ilegales, conflictos territoriales o redes de corrupción local.
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Por el momento, no se conocen avances oficiales sobre la identificación de los responsables ni hay un pronunciamiento por parte de las autoridades municipales o departamentales sobre los hechos. La situación del defensor De Arco sigue siendo delicada, y el temor persiste entre quienes acompañaban la actividad, al igual que en su núcleo familiar, que solicitan garantías de seguridad y protección efectiva frente al riesgo latente.
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