La polémica reforma eléctrica de Gustavo Petro enfrenta críticas del sector: estas serían las principales preocupaciones de los expertos

La deuda de 2,9 billones de pesos acumulada por concepto de la “opción tarifaria” –una carga que se difirió a raíz de los incrementos que no se aplicaron en las facturas durante la pandemia– permanece como uno de los principales escollos en el sector eléctrico colombiano.

Quienes residen en los municipios de la región Caribe han enfrentado durante años costos elevados en sus recibos, y millones de usuarios carecen de acceso o calidad adecuada del servicio.

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Este escenario cobra mayor relevancia ante el nuevo proyecto de ley que el gobierno de Gustavo Petro intenta impulsar en el cierre de la legislatura, con el propósito de bajar el precio de la energía eléctrica. La iniciativa busca modificar aspectos sustantivos de la regulación vigente y responde a una obsesión del presidente Petro a lo largo de su mandato.

De acuerdo con un reciente informe de la revista Cambio, el acceso a energía eléctrica sigue siendo un desafío para más de 700.000 personas en Colombia, mientras que cerca de seis millones de habitantes viven en municipios donde la calidad del suministro no cumple con los estándares mínimos.

La administración Petro ha buscado desde el inicio métodos para contener y reducir las tarifas de energía, empleando decretos, cambios normativos, promoción de subsidios a paneles solares y presión a los generadores, sin lograr materializar aún una solución de fondo.

Ahora, el Ministerio de Minas y Energía, encabezado desde febrero por Edwin Palma, lidera la nueva propuesta. El ministro Palma ha planteado abiertamente que el “principio fundamental” del proyecto de ley es “bajar tarifas, bajar los precios de la energía eléctrica, democratizar el mercado, intervenir el mercado”. El Gobierno pretende llevar el texto al Congreso a corto plazo, con el objetivo de modificar las leyes 142 y 143 de 1994, que regulan la estructura del sector eléctrico en Colombia.

Según el ministro, “después de 30 años es justo revisar una ley, las realidades sociales y políticas cambian”; además, criticó que el marco actual “no le ha servido a los usuarios”.

El borrador del proyecto incluye diez artículos enfocados en alcanzar “la equidad, la garantía en la prestación y regulación del servicio público de energía eléctrica”, la igualdad en el acceso a subsidios, la sostenibilidad financiera del sistema, y la eficiencia y transparencia en la facturación.

Entre las propuestas centrales destacan la reasignación de la deuda de la opción tarifaria a los usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6 y a clientes no residenciales como industrias y comercios. Así, se plantea que tales sectores asuman el pago de la deuda que poseen los estratos 1, 2 y 3.

En cuanto a los subsidios, la reforma propone revisar de forma periódica las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios de los estratos bajos y retirar temporalmente las ayudas si su consumo excede el promedio de este segmento, o de forma definitiva si duplican esos niveles de consumo.

El proyecto también establece que las facturas deberán separar de manera clara los cobros asociados a la energía eléctrica y prohíbe incluir tasas o impuestos ajenos al servicio básico. Se contempla, además, la posibilidad de crear esquemas tarifarios diferenciales para usuarios vulnerables, trasladando los costos a otros sectores con mayor capacidad de pago. Excepcionalmente, las fórmulas tarifarias podrían ser modificadas bajo solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos, una novedad en el sistema regulatorio.

La reforma incluye también cambios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). El Gobierno propone ampliar la representación dentro de este organismo, agregando un académico, un representante de los usuarios y uno de sindicatos, que serían designados por el presidente, mientras que la experiencia mínima requerida para estos cargos pasaría de diez a cinco años.

El sector energético ha reaccionado con reservas y advertencias. Ocho gremios y asociaciones enviaron una carta al ministro Palma en la que reconocen “la intención de identificar mecanismos para aliviar la carga tarifaria para los usuarios” y celebran la idea de eliminar cobros ajenos a la energía de las facturas y afinar la focalización de subsidios.

Sin embargo, advirtieron que la iniciativa, tal como está formulada, “no permitirá lograr beneficios eficientes y sostenibles hacia una reducción tarifaria en el corto plazo para los usuarios, y, muy por el contrario, puede afectar el bienestar de los ciudadanos y del país en su conjunto”.

El ministro Palma, consultado por la revista Cambio, expresó satisfacción por el diálogo abierto: “Eso hacen los demócratas. En algunas estamos de acuerdo. Hay que hacer un uso eficiente de la energía”.

El debate sobre la pertinencia y el momento de la reforma ha sido intenso. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sostuvo que “en nueve de diez puntos no se requiere una nueva ley. Lo que se necesitan son políticas, decretos y resoluciones del Ministerio de Minas y Energía y de la Creg”, según declaraciones recogidas por el medio nacional.

Castañeda recordó que los intentos de grandes reformas suelen prosperar al principio de los gobiernos, cuando el capital político es mayor, y estimó escasas las probabilidades de éxito legislativo dada la coyuntura preelectoral. De forma similar, desde el Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera), que representa a pequeños generadores, su directora ejecutiva Ángela María Sarmiento señaló que la propuesta “no es viable y no es oportuna”, y que existen opciones regulatorias para abordar los problemas sin interferir en la arquitectura institucional.

El aspecto más polémico del proyecto, según varios expertos citados por Cambio, es la modificación de la Creg. El historial de desencuentros entre el Ejecutivo y la comisión —incluyendo periodos en que el presidente evitó nombrar comisionados expertos, manteniendo el organismo parcialmente inactivo, y la asunción temporal de sus funciones por parte del mandatario hasta que el Consejo de Estado intervino— forma parte del contexto de esta reforma.

Fuentes del sector alertaron que estos cambios pueden abrir la puerta a intereses políticos y debilitar la independencia y el perfil técnico de la Creg, fundamentales para la toma de decisiones de alto impacto en el mercado eléctrico.

“Lo peor de esto es la composición de la CREG que proponen”, declaró Manuel Gómez Fajardo, director del área de Energía e Industrias Reguladas de la firma Cuatrecasas. Gómez Fajardo opinó que la medida “reduciría el perfil técnico de la comisión y daría espacio a sectores con intereses particulares”, erosionando la independencia vital para decisiones regulatorias complejas.