Las autoridades judiciales avanzan en la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el parque del Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.
En las últimas horas, se conoció que Cristian Camilo González Ardila, sexto involucrado en el caso y pieza clave en la estructura criminal que organizó el ataque, realizó una confesión relevante durante una diligencia de interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación.
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Tras entregarse a la Policía Metropolitana de Bogotá, González Ardila narró ante los investigadores detalles sobre su participación en el atentado y reveló información sobre otros planes delictivos en marcha en el país.
Durante la diligencia, expresó: “Si hubiese sabido que era Miguel Uribe, hubiera cobrado más”, declaración que quedó registrada en el expediente judicial y que da cuenta del nivel de instrumentalización y frialdad con la que se planificó el ataque contra el senador y precandidato presidencial.
González Ardila manifestó además que en diferentes zonas de Colombia se estarían planeando más atentados, sumando preocupación al panorama de seguridad nacional.
Según fuentes cercanas a la investigación indagadas por La W, el detenido detalló la existencia de planes para atentar contra esquemas de seguridad conformados por entre cinco y seis vehículos blindados, un tipo de protección asignado a personalidades de alto perfil.
Entre los nombres mencionados se encuentran el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez y las precandidatas presidenciales Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, figuras destacadas en la vida política y mediática del país.
Las autoridades investigan ahora la veracidad y alcance de esta información. Esta situación encendió las alarmas en organismos de inteligencia y reforzado la seguridad de varios dirigentes nacionales.
Durante la audiencia, González Ardila se negó a aceptar los cargos que le imputó la fiscalía, entre ellos homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones.
La audiencia de imputación se desarrolló ante un juez de control de garantías y terminó recientemente. La Fiscalía, por su parte, solicitó de manera formal que el procesado sea enviado a la cárcel por considerarlo un peligro para la sociedad, argumento respaldado por la Procuraduría General de la Nación y por los representantes de las víctimas.
Se prevé que el lunes 21 de julio, a partir de las ocho de la mañana, el juez defina si González Ardila permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
Investigaciones previas muestran que González Ardila cuenta con un prontuario relevante. Fue condenado y está bajo investigación por otros delitos, lo que refuerza la tesis de su papel como fichaje experimentado dentro del grupo responsable del atentado.
Según los avances en la investigación, su función operativa habría consistido en llevar al menor implicado directamente a la zona donde se registró el ataque contra Miguel Uribe Turbay, coordinación detallada que, de acuerdo con las autoridades, refleja la estructura jerárquica y premeditación del crimen.
Se ratificó además una de las versiones clave dentro del caso: existía la intención de eliminar al menor de quince años que disparó contra Uribe Turbay, acción que evidencia el nivel de manipulación, control y posible encubrimiento dentro de la organización.
Los investigadores consideran que, tras utilizar al adolescente como autor material, el objetivo sería evitar que entregara información a las autoridades sobre el funcionamiento y los responsables de la trama criminal.
Desde el atentado, las autoridades intensificaron los esquemas de protección y monitoreo en torno a funcionarios, parlamentarios y precandidatos, en especial tras revelaciones como las suministradas por González Ardila.
La investigación sigue abierta y se encuentran en curso varias líneas para determinar el origen, motivaciones y posibles financistas detrás del atentado.
De acuerdo con fuentes judiciales, no se descarta la relación de las estructuras responsables con organizaciones de crimen organizado con operaciones en diferentes regiones del país.
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