Mientras arrecian las tensiones políticas en torno al conflicto en Gaza, una nueva controversia se encendió en Colombia por cuenta del carbón. Drummond, una de las principales mineras del país, salió al paso de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, que señaló a la empresa y a Glencore por continuar con exportaciones a Israel pese, según él, a una prohibición oficial.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente afirmó que firmó un decreto que prohibía la venta de carbón térmico a Israel, al considerar que ese recurso estaría siendo usado para “hacer bombas que matan los niños en Gaza”. Allí también escribió: “Las empresas Glencore (de Suiza) y Drummond (comprometida con la muerte de sindicalistas del Cesar) decidieron continuar la exportación”. En ese mismo trino, pidió a las autoridades de Suiza y de Colombia procesar a los administradores de ambas compañías por lo que calificó como “ayuda al genocidio”.
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Ante la gravedad de las acusaciones, Drummond no tardó en responder. En un comunicado, la empresa aseguró que cada operación de exportación hacia Israel cuenta con la autorización del Gobierno nacional. Según su versión, el trámite se realizó conforme a la normativa vigente y fue aprobado por un comité integrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Agencia Nacional de Minería y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
“El proceso de exportación se realizó conforme a lo dispuesto por las autoridades competentes, a quienes se les presentó toda la documentación requerida”, señaló la compañía, señalando que no ha actuado al margen de la ley ni ha ignorado decisiones gubernamentales.
Pero, la polémica no quedó ahí. Petro también trajo a colación las viejas acusaciones contra Drummond por supuestos vínculos con grupos paramilitares y su presunta responsabilidad en el asesinato de líderes sindicales en el Cesar, ocurrido en 2001. La empresa respondió con contundencia: “Nuevamente Drummond niega categóricamente tener o haber tenido relación con ningún grupo al margen de la ley”.
La minera además recordó que decisiones judiciales en Estados Unidos pusieron en evidencia que varios de los testimonios utilizados en su contra habrían sido comprados. “Recientes decisiones en una Corte Federal de los Estados Unidos, con base en la clara evidencia de pago a testigos falsos en Colombia, incluyendo varios paramilitares y sus familiares, sirvieron de base para llevar a juicio a los responsables de estos pagos. Estas y otras pruebas han sido entregadas, desde hace varios años, a las autoridades judiciales colombianas”, explicó Drummond.
Aunque el Gobierno no ofrece una respuesta formal a la defensa de la empresa, el señalamiento del presidente ocurrió en un contexto internacional especialmente sensible, donde varios países comenzaron a tomar distancia de Israel por sus acciones militares en la Franja de Gaza. Colombia ya había anunciado en mayo la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país, y ahora, con el tema del carbón sobre la mesa, el debate se traslada también al terreno económico.
La controversia no solo gira en torno a las autorizaciones formales, también al impacto simbólico de las decisiones comerciales en medio de conflictos internacionales. En este caso, las tensiones escalaron más allá de lo técnico y lo jurídico, tocando fibras políticas y éticas que reavivan debates sobre la responsabilidad empresarial en escenarios de violencia. Las declaraciones del presidente se suman a un ambiente de creciente polarización, en el que cada acción empresarial puede ser leída desde claves mucho más amplias que las meramente económicas.
La discusión, más allá de lo legal, también refleja la creciente presión política y social que enfrentan las multinacionales en contextos de conflicto. A medida que los gobiernos adoptan posturas más firmes frente a crisis humanitarias, las decisiones comerciales de las grandes compañías quedan expuestas a un mayor escrutinio público.
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