Jefes criminales podrían quedar en libertad condicional si cumplieron entre 5 y 8 años de prisión: Gobierno estaría preparando la reforma

Jefes de estructuras criminales que hayan estado entre 5 y 8 años de prisión por delitos cometidos en el pasado podrían acceder a la libertad condicional, siempre y cuando se sometan a la justicia y cumplan con las condiciones que establecería el Estado durante el proceso de sometimiento judicial.

Según información revelada por El Tiempo, el Ministerio de Justicia, liderado por Eduardo Montealegre, estaría preparando una reforma a la Ley de Justicia y Paz de 2005 con el propósito de que jefes criminales tengan la posibilidad de pagar sus penas en casas étnicas o colonias agrícolas.

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El documento mencionado por el citado medio de comunicación, precisó que el objetivo sería “facilitar la reincorporación, promover la justicia restaurativa y contribuir al desmantelamiento de estructuras armadas en el marco de diálogos o acuerdos con el Gobierno nacional”.

Además, existiría la posibilidad de una excarcelación si ya cumplieron una pena mínima, que sería entre cinco a ocho años de prisión.

Según El Tiempo, los jefes criminales deberían entregar las armas y bienes adquiridos de forma ilícita, la devolución de menores que hayan sido reclutados o mantenidos en cautiverio, el cese definitivo de las actividades delictivas, la vinculación a iniciativas de transformación en los territorios afectados por la violencia y la obtención de un aval de comportamiento y compromiso, emitido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

De acuerdo con el citado medio de comunicación, el viernes 18 de julio de 2025 se sentarían los máximos responsables de la Rama Judicial en Colombia para estudiar la iniciativa, que sería presentada después del 20 de julio, el último periodo legislativo en el Congreso de la República.

Los beneficios contemplados en la propuesta tendrían un límite temporal y solo serían aplicables a conductas cometidas hasta el 31 de diciembre de 2026, lo cual incluye hechos posteriores a la finalización del actual mandato presidencial. Además, se contempla una cláusula que impediría la extradición de los beneficiarios, bajo el argumento de garantizar los derechos de las víctimas.

En cuanto a la disposición de bienes entregados por los responsables, se propone una distribución que destine el 15% al financiamiento de iniciativas comunitarias lideradas por exintegrantes de los grupos ilegales.

El 65% se orientaría a programas de reparación para las víctimas, y el 20% restante se canalizaría hacia iniciativas sociales estatales, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

El Ejecutivo también busca que esta iniciativa cobije a personas que hayan incumplido acuerdos de paz anteriores y que, en consecuencia, enfrentaban penas privativas de la libertad superiores a 40 años por delitos graves.

Entre los jefes criminales que podrían acceder a este beneficio, según reveló El Tiempo, se encuentran José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Jorge de Jesús Vallejo; Juan Carlos Mesa, alias Tom; Freyner Ramírez, alias Pesebre; Walter Román, alias el Tigre; Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá; y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

Esta posible reforma generó serio rechazo por parte de congresistas. El senador Carlos Fernando Motoa expresó lo siguiente a El Tiempo: “Contradice toda una política en materia criminal que afecta gravemente los derechos de las víctimas, poniendo en riesgo la estabilidad de los valores de la República”.

Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, indicó al citado medio que “trasciende cualquier escenario de paz, cuando lo que se quiere dar es un beneficio de excarcelación a personas condenadas por delitos gravísimos como secuestros y homicidios. Lo que están constituyendo en ese proyecto es una especie de amnistía prohibida por la normativa internacional”.

La propuesta ha generado amplio debate desde que Eduardo Montealegre asumió funciones en el gabinete, especialmente luego de que el presidente Gustavo Petro decidiera descartar la iniciativa para el sometimiento de estructuras criminales que había sido elaborada por la exministra Ángela María Buitrago.