Durante su alocución televisada del martes 15 de julio, Gustavo Petro, presidente de Colombia, destacó que tiene la intención de conversar con el rey de España sobre el presidente del Grupo Keralty, empresa de capital español propietaria de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, a quien acusó de ser responsable de un supuesto desfalco al sistema sanitario colombiano.
El jefe de Estado señaló que el empresario español, de quien afirmó que reside en Madrid o en el País Vasco, presuntamente participó en acciones que Petro calificó de “crimen de lesa humanidad” por el impacto letal sobre la población colombiana.
“Se llevaron el billete (...) y se robaron la plata que nosotros mismos hicimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y mata niños en masa en Colombia. Es un crimen de lesa humanidad”.
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Las referencias a la necesidad de dialogar con el monarca español cobran una particular relevancia cuando se consideran los límites constitucionales del rey de España: “Me toca hablar con el rey de España (…) menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano”,
Tal como señala la propia Constitución Española de 1978 en sus artículos 56 a 65 y lo corroboran documentos del Congreso de España, el rol del Rey es eminentemente representativo y simbólico, sin capacidad de injerencia directa en asuntos internos o en la gestión de empresas privadas.
El monarca actúa como jefe de Estado y sus acciones deben contar con el refrendo del Gobierno o de los ministros competentes, careciendo de poder ejecutivo o legislativo.
Entre las funciones del rey español se encuentran sancionar y promulgar leyes ya aprobadas por el Parlamento, convocar y disolver elecciones bajo indicación del Ejecutivo, proponer candidatos a la Presidencia del Gobierno tras consulta parlamentaria, entre otras tareas protocolarias.
Tampoco le corresponde participar ni opinar sobre políticas públicas, incluyendo las relativas a intereses empresariales españoles en el extranjero, como insistió el análisis legal incluido en el reportaje.
Su papel destaca la normativa, obliga a una estricta neutralidad y sus discursos no son vinculantes en términos de política pública.
Por ese motivo, cualquier conversación entre el jefe de Estado colombiano y el rey de España sobre el caso del Grupo Keralty solo tendría, en el mejor de los casos, un alcance simbólico o representativo, sin consecuencias legales ni institucionales para el ejecutivo español ni tampoco para el empresariado involucrado.
Según los expertos citados por la legislación española, la autoridad política efectiva reside en el Gobierno y las Cortes Generales, quedando el rey al margen de la toma de decisiones, según establece el principio de soberanía y la división de poderes.
Petro fue enfático al atribuir al Grupo Keralty la financiación de campañas políticas en Colombia, actividad prohibida por la legislación nacional en el caso de empresas de capital extranjero. “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”, manifestó Petro durante su intervención, reiterando su postura respecto de la presunta responsabilidad penal del empresario al frente de la compañía propietaria de una de las EPS más grandes del país.
El mandatario colombiano profundizó sobre la magnitud del problema al estimar que el desfalco en perjuicio del sistema de salud podría superar los 100 billones de pesos colombianos (equivalentes a unos 25.000 millones de dólares).
En la misma línea, añadió que la deuda reconocida por la Contraloría General, establecida en 32.9 billones de pesos (aproximadamente 8.160 millones de dólares, no refleja la real dimensión de la situación, afirmando: “La deuda informada por la Contraloría General se queda corta frente a las verdaderas dimensiones del problema”.
Las acusaciones de Petro estuvieron centradas en el caso específico de Sanitas y el Grupo Keralty, que al momento de la intervención estatal, efectuada el 2 de abril de 2024, contaban con casi 5.7 millones de afiliados en Colombia.
La medida fue revertida por la Corte Constitucional el 26 de junio. Petro aseguró que la intervención permitió “disminuir la deuda de esas entidades con los hospitales”, defendiendo así la política estatal ante el funcionamiento de las EPS bajo la administración del Gobierno.
Al abordar la financiación y el flujo de recursos en el sistema de salud, el mandatario sostuvo: “El Gobierno nacional no tiene deudas con las EPS. Las EPS son las que tienen deudas con las clínicas y los hospitales”, contradiciendo de esta manera a aquellos sectores que responsabilizan al Estado por el deterioro de los servicios y la escasez de medicamentos en el país.
Durante su discurso, Petro incluyó reflexiones históricas y comparaciones sobre la relación de dependencia del país, afirmando: “Otra vez somos colonia, ya no de los españoles. Nos cogieron de colonia y nos toca hacer de nuevo la Independencia”.
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