El representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid anunció que radicará un proyecto de ley en el Congreso para impedir que el presidente de la República modifique por decreto las competencias del Consejo de Estado frente a acciones de tutela.
La iniciativa se formalizará el 20 de julio, día en que se instala el último periodo legislativo del cuatrienio, y responde directamente a la expedición del Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, firmado por Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre Lynett.
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La polémica se desató por lo que varios sectores de oposición han calificado como un intento del Gobierno nacional por “eludir” al Consejo de Estado en procesos que involucren directamente al jefe del Ejecutivo.
A través de sus redes sociales, Cadavid fue enfático en señalar: “Los colombianos hemos visto como el Presidente de la República ha tomado una decisión mediante decreto para eludir al Consejo de Estado cuando se trate de acciones de tutela en su contra y trasladarle esas competencias a los jueces del circuito. Los jueces nos merecen todo el respeto, pero lo que está sucediendo aquí es que el presidente de la República está buscando evadir al Consejo de Estado”.
Además, el congresista aseguró que la única vía legítima para modificar competencias judiciales es el trámite legislativo, por lo que calificó el decreto como un abuso del poder reglamentario. En ese sentido, anticipó: “Vamos a solucionar esa figura con un proyecto de ley este 20 de julio en adelante y una vez aprobado, Petro ya no podrá cambiar las competencias a como le convengan y en adelante será el Consejo de Estado quien mediante ley conserve la competencia para seguir conociendo las acciones de tutela cuando se trate del presidente de la República".
Y concluyó "Si tanto le choca retractarse, que no siga difamando. Si tanto le molesta la justicia, pues ahora la tendrá que respetar y no cambiarla a su conveniencia. Vamos con ese proyecto este 20 de julio”.
¿Qué dice el Decreto 0799 de 2025?
La disposición que ha generado controversia modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho.
El nuevo texto establece que: “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”.
Con ello, el Ejecutivo derogó el numeral 12 del mismo artículo, que ordenaba que las tutelas contra el Presidente fueran repartidas directamente al Consejo de Estado. La justificación del decreto alude a la necesidad de fortalecer la imparcialidad judicial, evitar conflictos de interés cuando el Consejo de Estado actúe posteriormente como juez de legalidad de los actos administrativos del Presidente, y garantizar un acceso más desconcentrado a la justicia.
Sin embargo, para Cadavid y otros opositores, la medida implica una degradación institucional y una alteración de facto de la distribución de competencias judiciales.
¿Competencia o reparto?
Uno de los puntos clave del debate jurídico está en distinguir entre las normas que determinan la competencia judicial y aquellas que regulan el reparto. Según el propio decreto, las nuevas disposiciones no alteran las competencias funcionales —que solo pueden modificarse por ley—, sino que reorganizan el reparto interno entre jueces ya competentes para conocer de tutelas, conforme a criterios de territorialidad.
Aun así, los críticos advierten que el efecto práctico es una alteración en la jerarquía institucional, pues las tutelas contra el Presidente, que antes llegaban a una alta corte, ahora quedarán inicialmente en manos de jueces de circuito. Para Cadavid, esto significa que el Ejecutivo busca evitar decisiones desfavorables de una corporación que ha sido crítica con sus actos administrativos.
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