Una videodeclaración en redes sociales, publicada por Susana Muhammad en su último día como ministra de Ambiente, fue la chispa que encendió una nueva controversia entre el Gobierno de Gustavo Petro y la administración de Carlos Fernando Galán. En ese mensaje, Muhammad afirmaba que la resolución ambiental que había impulsado sería “de obligatorio cumplimiento” y debía ser incorporada por Bogotá y los municipios vecinos en sus planes de ordenamiento territorial. El anuncio no solo desató críticas, también llevó la disputa al plano judicial.
La tensión venía en aumento desde marzo, cuando el Ministerio de Ambiente presentó un proyecto de resolución con nuevas directrices para la sabana de Bogotá. El documento, publicado para comentarios el 3 de marzo de 2025, incluía cambios de uso de suelo, la declaración de nuevas zonas de reserva, transformaciones en humedales y modificaciones que, según la Alcaldía, podrían afectar obras clave como la primera línea del metro.
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La Alcaldía de Bogotá decidió entonces interponer una demanda, argumentando que el Gobierno nacional había pasado por alto un requisito legal fundamental, la coordinación y concertación con las autoridades locales. El Ministerio apeló. El 15 de julio tras varios meses de expectativa, el Consejo de Estado se pronunció.
En el fallo, la magistrada Nelly Villamizar ordenó suspender los efectos de la resolución del Ministerio, respaldando así la postura del distrito. Además, instruyó a la Secretaría Técnica del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá a convocar una reunión para discutir los efectos del documento, en cumplimiento de una sentencia previa del 28 de marzo de 2024. La medida busca garantizar que las decisiones sobre el ordenamiento ambiental de la sabana no se tomen de forma unilateral.
El pronunciamiento del alto tribunal fue interpretado de manera divergente por las partes. Mientras desde el Ministerio de Ambiente se reiteró que la resolución respondía al interés general y a la protección ambiental, el presidente Petro reaccionó en redes sociales celebrando lo que describió como una victoria del Gobierno:
“No se puede hacer un ‘lawfare’ en función del interés privado de los constructores que dejaron sin agua a Bogotá y la Sabana. El juez debe velar del interés general de la sociedad, más cuando se trata de la vida. El gobierno ha vencido en la regulación ambiental de la Sabana de Bogotá. ¡Que viva la Vida!”, trinó el mandatario.
La respuesta del alcalde Galán no tardó en llegar. A través de X, pidió mesura y lectura atenta. “Presidente: primero, esto no es una guerra. Acá no hay vencedores y vencidos. Tenemos que, en vez de dividir al país, sentarnos a trabajar en pro de Colombia y construir acuerdos a partir de las diferencias”. Y añadió: “Segundo, lea el fallo. El Consejo de Estado le da la razón al Acueducto de Bogotá y confirma que los lineamientos presentados por su gobierno no cumplieron con los requisitos de coordinación y, por tanto, deben pasar por el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. Le reitero que en Bogotá estamos listos a trabajar de manera COORDINADA, no impuesta, en este y otros temas”.
Más allá de los cruces políticos, el fondo del asunto revela una fractura institucional que ya venía arrastrándose desde el inicio del mandato de Galán. Las diferencias con el Ejecutivo son constantes, sobre todo en lo que respecta a infraestructura, sostenibilidad y gobernanza metropolitana. Este episodio confirma que la construcción de consensos sigue siendo un desafío mayor en la relación entre el Gobierno nacional y el Distrito Capital.
El Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca coinciden en algo esencial, no se puede imponer una política ambiental de carácter obligatorio sin una consulta previa real y efectiva. Por ahora, la resolución queda en pausa, y el futuro de los lineamientos ambientales dependerá de la capacidad de diálogo entre las partes.
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