
La Reforma Laboral, aprobada por el Congreso de la República y luego sancionada por el presidente Gustavo Petro como ley, busca garantizar que los salarios de millones de trabajadores mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación, por lo que se estableció un nuevo estándar para la actualización de los ingresos laborales.
Dicha norma introduce un cambio fundamental en la manera en que se define y ajusta el salario de los trabajadores colombianos. Hasta ahora, solo quienes percibían hasta un salario mínimo legal mensual vigente —equivalente a $1.423.500— tenían derecho a un ajuste salarial automático basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, así como en los acuerdos alcanzados en la mesa tripartita de políticas salariales.
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Sin embargo, la norma ahora amplía este beneficio a todos los empleados que ganen hasta dos salarios mínimos, es decir, hasta $2.847.000 mensuales. La medida impactará de manera directa al 86% de los trabajadores en Colombia, lo que representa aproximadamente 17 millones de personas.

En su momento, la entonces ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que el objetivo principal es “mejorar las condiciones de los empleados y recuperar derechos que se han perdido en los últimos años”. Además, resaltó que la iniciativa se fundamenta en compromisos internacionales suscritos por Colombia, entre ellos los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con carácter retroactivo
El texto de la reforma establece que el reajuste salarial para quienes devenguen hasta dos salarios mínimos será obligatorio y no podrá ser inferior al IPC registrado al 31 de diciembre del año anterior. El ajuste, según lo estipulado, tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de cada año, salvo que existan acuerdos individuales o colectivos que contemplen incrementos superiores.
De esta manera, la reforma busca blindar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, un fenómeno que en los últimos años erosionó la capacidad de compra de los hogares colombianos.
La medida también introduce cambios en la forma en que se negocia el salario mínimo. Para los trabajadores que perciben hasta un sueldo básico, el incremento anual seguirá dependiendo de la variación de la inflación y de la negociación que se haga sobre el ajuste del salario mínimo. En este proceso, se tendrá en cuenta el dato de productividad laboral, un elemento que, según la exministra Ramírez, “permite definir el ajuste anual del salario de los trabajadores en Colombia de manera más justa y equitativa”.

La Corte Constitucional ya había enfatizado en la necesidad de que las empresas protegieran el poder adquisitivo de quienes ganan más de un salario mínimo. Sin embargo, la reforma va más allá al establecer una obligación legal para que los empleadores apliquen el reajuste salarial a todos los trabajadores que se encuentren dentro del rango de hasta dos salarios. Esto representa un cambio importante para cerca de cinco millones de colombianos que en la actualidad perciben ingresos en esa franja salarial.
Impacto en el sector empresarial
El impacto de la reforma no se limita solo a los trabajadores. El sector empresarial también deberá adaptarse a las nuevas exigencias. La norma reconoce que las compañías tendrán que asumir el compromiso de mejorar las condiciones salariales y garantizar los pagos oportunos, en concordancia con los términos contractuales.
Así las cosas, la reforma exige ajustes del sector empresarial para preservar la estabilidad económica de los hogares colombianos y promover el correcto funcionamiento del mercado laboral.
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la protección reforzada de los derechos salariales frente a posibles incumplimientos por parte de los empleadores. El texto establece que “el empleador no podrá impedir la prestación personal del servicio al trabajador sin una causa justificada o un acuerdo colectivo”.

Además, se estipula que, durante la vigencia del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir su salario, incluso si no ha prestado el servicio por disposición o error del empleador. La cláusula, considerada por expertos como un avance en la protección de los derechos laborales, busca evitar que los empleados queden desprotegidos ante decisiones unilaterales de las empresas.
Seguridad jurídica de los trabajadores
“Incluso, durante la vigencia del contrato, el trabajador tendría derecho a recibir su salario, aunque no se haya prestado el servicio por disposición o error del empleador”, señala el articulado de la reforma. Dicha disposición refuerza la seguridad jurídica de los trabajadores y establece límites claros a la discrecionalidad de los empleadores en la gestión de los contratos laborales.
El proceso de discusión de la reforma laboral en el Congreso estuvo acompañado de un intenso debate público. Diversos sectores expresaron su apoyo a la iniciativa, en la que destacaron su potencial para mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos. No obstante, también surgieron voces críticas que advierten sobre las posibles implicaciones económicas de la medida. Algunos expertos señalaron que el aumento obligatorio de los salarios podría generar presiones adicionales sobre los costos laborales de las empresas, especialmente en un contexto de desaceleración económica.
A pesar de las preocupaciones, la ministra Ramírez defendió la reforma al argumentar que “las propuestas se fundamentan en acuerdos suscritos por Colombia con organismos internacionales, entre ellos la OIT”. Según la exfuncionaria, el cumplimiento de estos compromisos es fundamental para garantizar el respeto de los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores en Colombia.
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