“Golpe silencioso a la justicia”: así reaccionaron los políticos al decreto con el que Petro le quitó autoridad al Consejo de Estado

La firma del Decreto 0799 por parte del presidente Gustavo Petro desató una oleada de críticas que rápidamente sacudió el escenario político y judicial del país. La decisión, sancionada el 9 de julio de 2025, fue recibida con una batería de cuestionamientos desde diversos sectores, especialmente por parte de la oposición, que no tardó en acusar al Ejecutivo de fraguar un ataque institucional directo al Consejo de Estado.

El contenido del decreto establece que, a partir de la firma del mismo, las acciones de tutela contra el presidente de la República ya no serán conocidas prioritariamente por dicha corporación judicial, sino que serán distribuidas entre jueces del circuito o de jerarquía similar. Este cambio en la competencia judicial fue interpretado por múltiples voces como un intento deliberado de debilitar los contrapesos constitucionales.

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Entre las primeras en mostrar su rechazo fue la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, que publicó un mensaje categórico en su cuenta de X.

Según expresó: “Demandaré en las próximas horas el decreto 0799 de julio de 2025 con el que Petro y su Ministro de Justicia violan la Constitución y la Ley. Esto que pretenden es una amenaza directa al Estado de Derecho”.

La legisladora señaló que el decreto trasciende lo meramente administrativo, y lo calificó como un “golpe silencioso a la justicia”. En su pronunciamiento, detalló que la medida es “ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder”, y recordó que cualquier norma que modifique la estructura judicial debe ser tramitada como ley estatutaria, con aprobación del Congreso y revisión de la Corte Constitucional.

A su crítica se sumó el exsenador Ernesto Macías Tovar, también del Centro Democrático, que en su mensaje responsabilizó al mandatario de intentar pasar por encima de los límites legales establecidos por la Constitución de 1991.

“Nuevamente, el Rasputín Criollo, quiere pasar por encima de la Constitución, de la ley y del Congreso. Se cree dictador y le hace mandados sucios a Petro, para conseguir ventajas personales y económicas”, escribió Macías, en un comentario que aludió directamente al Ministro de Justicia, teniendo en cuenta la colaboración que tuvo la cartera en la expedición de la controvertida medida.

En paralelo, la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, denunció lo que consideró un atentado institucional contra la estructura judicial. Para la congresista, el decreto forma parte de una serie de acciones que buscan restarle autonomía a las altas cortes.

“Lo que está haciendo Petro es un nuevo golpe contra las altas cortes. No le gusta el control, no le gusta que lo vigilen, no le gusta que le pongan límites. Va por el Consejo de Estado, quiere maniatarlo, quiere una justicia subordinada al poder político”, escribió.

Su mensaje advierte sobre la posibilidad de que se esté configurando un modelo político que debilita intencionalmente los órganos de control para evitar supervisión sobre las decisiones del Ejecutivo.

También intervino el senador Ciro Ramírez, que denunció lo que consideró una actitud contradictoria del presidente Petro frente a las instituciones democráticas. En su mensaje, recordó que fueron esas mismas instituciones las que permitieron al jefe de Estado ocupar altos cargos públicos, y señaló que ahora parece desconocerlas.

“A Petro no le gustan las instituciones, esas mismas q le han permitido llegar a ser congresista, alcalde y Presidente, indultando los delitos en su paso x el M- 19. Le incomoda el Consejo de Estado, La Corte Suprema, El Congreso, las empresas etc…”, escribió Ramírez, en una crítica centrada en la pérdida de confianza en las reglas de juego democráticas.

La polémica no se limitó a las esferas legislativas, puesto que, desde la opinión pública, también surgieron voces que interpretaron la firma del decreto como una maniobra de concentración de poder.

Una de ellas fue la activista y columnista Carolina Toro, que en su mensaje afirmó: “Petro seguramente cree que le es más fácil comprar jueces del circuito y es menos rastreable. De todas maneras también se le va a caer este decreto, pues es abiertamente inconstitucional”.

Aunque el mensaje fue breve, la acusación fue directa, al sugerir que la motivación de fondo de la norma estaría orientada a facilitar el control indebido de decisiones judiciales, debilitando la neutralidad de los fallos en su contra, por medio de transacciones.