
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que 11.477 contribuyentes enfrentarán imputaciones penales por no transferir al Estado los recursos recaudados por concepto de Retención en la Fuente, Impuesto sobre las Ventas (IVA) o Impuesto Nacional al Consumo (INC), en una ofensiva coordinada con la Fiscalía General de la Nación.
En un comunicado divulgado el lunes 14 de julio de 2025, la entidad aduanera sostuvo que los involucrados habrían omitido transferir a la nación los recursos derivados de las retenciones y el pago del IVA, lo que representa una presunta omisión de $697.000 millones.
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Según lo estipulado en el artículo 402 del Código Penal colombiano, las personas que no cumplan con esta obligación pueden enfrentar penas de prisión de entre 48 y 108 meses (entre 4 y 9 años), además de multas equivalentes al doble de lo no consignado, sin superar las 1.020.000 UVT, que en 2025 corresponden a 50.794 millones de pesos.

Luis Eduardo Llinás Chica, director general (e) de la Dian, indicó que estos casos ya pasaron por procesos de cobro coactivo y los responsables no acudieron a la citación realizada por la dirección en junio de este año.
“Dicha jornada representaba la última oportunidad para extinguir la acción penal mediante el pago total de la deuda y los intereses respectivos. Es lamentable que más de once mil personas hayan dejado pasar esta posibilidad, el proceso penal continuará sin suspensión y sin posibilidad de beneficios judiciales adicionales. Ante esta situación, la Dian debe actuar con firmeza para defender el principio de justicia fiscal”, explicó el funcionario.
Del mismo modo, Llinás recalcó que “los agentes retenedores deben tener claro que los impuestos recaudados no son de libre disposición, apropiarse de ellos o no trasladarlos al Estado constituye una conducta penalmente sancionable; por ello nuestro mensaje es claro: quienes incumplen sus obligaciones, enfrentan consecuencias”.

La Dian también destacó que las acciones contra el incumplimiento tributario ahora cuentan con mejores herramientas tecnológicas y un mayor despliegue operativo. Las jornadas de cobro dejarán de concentrarse en una sola semana al mes y pasarán a desarrollarse de manera intensiva y permanente.
Entre las medidas previstas para el resto de julio, la entidad planea realizar 11.000 visitas a contribuyentes con una cartera objetivo cercana a $1,3 billones.
Además, ejecutará 6.140 medidas cautelares, entre ellas embargos de bienes, cuentas, facturas y acciones por un valor estimado de $1,2 billones. Se emitirán 1.830 resoluciones de embargo de créditos basadas en el Sistema de Facturación Electrónica, con el objetivo de recuperar aproximadamente $400.000 millones.

Durante la jornada de junio, 3.690 contribuyentes respondieron al llamado de la Dian, lo que permitió gestionar la recuperación de una cartera superior a $730.646 millones.
“Las seccionales con mayor número de contribuyentes citados fueron Medellín (2.686), Cali (2.204), Barranquilla (1.627) y Bogotá (1.000) (...) Las que registraron mejores niveles de respuesta fueron Quibdó (69,81%), Leticia (66,67%), Santa Marta (30,75%) y Barrancabermeja (30,25%)”, explicó la entidad en el comunicado.
Cómo va el recaudo de la Dian en 2025
En el primer trimestre del año 2025, la Dian reveló que el recaudo bruto acumulado de impuestos alcanzó $94,62 billones, lo que representa un aumento del 9,7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de $86,23 billones.
Este resultado supera la meta interna de la entidad, que proyectaba un incremento del 9%. Del total recaudado, el 83,35% provino de tributos asociados a la actividad económica interna, mientras que el 16,65% correspondió a impuestos relacionados con el comercio exterior.

El informe de la Dian también destaca que los pagos realizados mediante títulos de devolución de impuestos (tidis), en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el recaudo fue de $9,18 billones. Además, las acciones de control y facilitación implementadas por las dependencias misionales de la entidad generaron $15,47 billones hasta abril de 2025.
En cuanto a la distribución de los ingresos recaudados, estos recursos se destinaron a financiar diversos rubros del Presupuesto General de la Nación (PGN), permitiendo cubrir obligaciones fiscales y sostener los programas gubernamentales en curso.
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