No hay rastro claro de los 1,3 billones que el Gobierno Petro le apostó a los Equipos Básicos de Salud: Contraloría encontró graves fallas

En marzo de 2025, el Congreso de la República expresó preocupación por el destino de los cuantiosos recursos destinados a una de las mayores apuestas sociales del gobierno de Gustavo Petro: el programa de Equipos Básicos de Salud (EBS).

El Ministerio de Salud había asignado cerca de 1.3 billones de pesos en 2024 con el propósito de fortalecer la atención primaria por medio de brigadas, personal médico y dotación en hospitales públicos y Empresas Sociales del Estado (ESE) en todo el país. Sin embargo, desde distintas regiones surgieron denuncias sobre la pérdida de control sobre estos fondos, y nuevas auditorías de la Contraloría General de la República han confirmado preocupantes irregularidades y desvíos, cuestionando así la transparencia y eficacia de la implementación de este programa gubernamental.

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De hecho, según información conocida por la revista Cambio, un oficio enviado en mayo de este año por la Contraloría al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitó explicaciones formales sobre el seguimiento a los dineros distribuidos, especialmente ante la falta de evidencia sobre el uso de los recursos destinados a la creación y operación de los Equipos Básicos de Salud.

La Contraloría ya había advertido sobre deficiencias en la fiscalización tras inspeccionar hospitales de diferentes departamentos y examinar en detalle los movimientos financieros y la documentación asociada a las transferencias.

Por ejemplo, el hospital de San Martín de los Llanos, en el departamento del Meta, se convirtió en el caso emblemático de estas anomalías. En enero de 2024, ese centro de salud —ubicado a 70 kilómetros de Villavicencio— recibió poco más de 1.117 millones de pesos para implementar los EBS, fondos que debían financiar la contratación de médicos y promotores encargados de la atención preventiva.

Las investigaciones revelaron que aproximadamente la mitad de ese dinero, 514,4 millones de pesos, se destinó a gastos ajenos a la resolución de ministerio, tales como el pago de obligaciones atrasadas a proveedores, nómina general del hospital, adquisición de equipos biomédicos y compra de uniformes, según constató la Contraloría en una visita presencial al hospital.

Pero la preocupación por el desvío de recursos no se limita únicamente al departamento del Meta. El informe de la Contraloría, citado por Cambio, identificó otros hospitales donde tampoco existe certeza sobre la utilización y seguimiento de los fondos: el hospital de San Jacinto en Bolívar, el de Soacha en Cundinamarca y el hospital de Cartagena de Indias. El órgano de control indicó que, pese a que el Ministerio de Salud había estipulado mecanismos de monitoreo sobre las ESE y autoridades territoriales receptoras, en la práctica el control ha sido insuficiente o nulo.

Una de las irregularidades detectadas involucra la falta de reintegro de utilidades generadas por los recursos girados y depositados en cuentas de los hospitales, un deber legal que beneficia a las finanzas públicas.

En el caso de San Jacinto, el 24 de abril de 2025 —justo el día en que los investigadores de la Contraloría estuvieron presentes— el hospital transfirió 129 millones de pesos al Ministerio, correspondientes a rendimientos financieros que no se habían consignado desde 2024.

Estas anomalías han tenido repercusiones administrativas y legales. En el caso del hospital de San Martín de los Llanos, la Contraloría identificó una posible falta disciplinaria que será investigada por la Procuraduría General de la Nación y alertó sobre eventuales responsabilidades penales, motivo por el cual dará traslado del expediente a la Fiscalía General de la Nación.

Las advertencias sobre el manejo de los recursos públicos asignados al programa de Equipos Básicos de Salud no provienen únicamente de los entes de control.

En marzo de este año, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que el Ministerio habría perdido el rastro de cerca de 1.2 billones de pesos entregados en 2024, solo pudiendo mostrar trazabilidad sobre 300.000 millones.

“Esta ha sido la gran apuesta del Gobierno nacional, pero ni ellos saben en qué se están gastando los recursos. Es muy probable que estos se estén utilizando para pagar favores políticos o comprar votos de cara a 2026”, señaló el congresista.

Mientras tanto, el discurso oficial del Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, sostiene que en Colombia existen más de 10.000 Equipos Básicos de Salud operando gracias a estos recursos. No obstante, los datos internos del Ministerio de Salud, de acuerdo con la información conocida por Cambio, contradicen esta cifra: solo 1.201 equipos se encontraban formalmente contratados y en funcionamiento a febrero de 2024.

En respuesta a las indagaciones y pedidos de información formulados por la Contraloría, el Ministerio de Salud comunicó al medio que priorizará la entrega de documentación y que solo después de cumplir con las exigencias del ente de control, se pronunciará en los medios. El plazo concedido para responder oficialmente es de seis meses, periodo que comenzó a contar en mayo de este año.