Reforma tributaria del Gobierno afectaría la estabilidad patrimonial y desincentivaría la inversión: “Agrava la carga fiscal”

La oposición en Colombia y algunos expertos encendieron las alarmas luego de que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, y el mismo presidente Gustavo Petro, confirmaran que el Gobierno presentará ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria.

El primer mandatario indicó en el último Consejo de Ministros televisado, llevado a cabo el 17 de junio de 2025, que lo establecido en la propuesta impactará en la actual administración y en la siguiente. “Como es para este año, su efecto sería el año entrante (2026). Ya en realidad el efecto es para el próximo Gobierno, pero algo entraría de eso el año entrante, algo que lo gastaría este Gobierno y el próximo Gobierno a partir de agosto”, detalló.

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Con esta reforma se busca recaudar $19 billones para poder reducir el déficit fiscal acumulado, que supera los $75 billones. En consecuencia, involucra el pago de algunos impuestos por parte de sectores que actualmente no tributan: “Hemos identificado, por ejemplo, el sector de vapeadores, los juegos de azar, como algunos de los sectores que actualmente son bastante importantes y que es necesario colocarles una carga tributaria”, detalló el ministro de Hacienda en su momento.

No obstante, la iniciativa generó preocupación entre expertos en derecho tributario y patrimonial, quienes advierten posibles efectos negativos sobre las personas que han construido patrimonio en Colombia. Así lo explicó en un comunicado emitido por la firma especializada en la protección patrimonial y la planificación sucesoral Bastet Family and Corporate Consulting.

Según expuso en la comunicación, aunque el Ejecutivo presentó la iniciativa como una actualización ecológica, con énfasis en impuestos sobre el carbono, vapeadores y contaminación sonora, el eje central de la misma estaría en cambios directos que se harían sobre la estructura patrimonial de individuos, familias y empresas del país.

“Esta nueva versión no solo agrava la carga fiscal de las familias y empresarios, sino que podría provocar una fuga de capital, un congelamiento de inversiones y un clima de incertidumbre jurídica sin precedentes (…). Estamos ante un proyecto que no está siendo discutido con transparencia y que podría tener efectos devastadores sobre el ahorro, la inversión y la estabilidad patrimonial de millones de colombianos”, explicó el abogado Mauricio Marín Elizalde, especialista en estructuración patrimonial y protección de inversiones y fundador de la firma.

Entre los puntos de la reforma tributaria que el profesional en Derecho considera problemáticos están:

• Impuesto a herencias y donaciones, con tarifas que podrían superar el 15%, ante un incremento progresivo desde el 10% al inicio del mandato.
• Impuesto a la salida de capital del país, con posible efecto sobre el ahorro, el gasto en el extranjero y la inversión internacional.
• Alza en el impuesto a los dividendos, que ya se sitúa en el 39%.
• Reactivación del impuesto al patrimonio, “con umbrales más bajos y alcance ampliado a personas jurídicas”.

Estos elementos, según se advierte en el comunicado, podrían afectar todavía más la confianza empresarial, alejar inversiones y afectar a familias que han estructurado su patrimonio conforme a la ley. Además, indica que el planteamiento ambiental de la propuesta oficialista toca temas sensibles como las herencias, la inversión privada, los dividendos, el ahorro internacional y el capital.

En ese sentido, el fundador de la firma aseguró que la reforma presuntamente penalizaría el éxito económico, lo que podría impedir la redistribución: “Esto genera miedo”. Por eso, instó a las familias y a los empresarios a revisar su estructura y preparar medidas de protección. “Si el país quiere recursos para atender urgencias estatales, requiere de inversión, no de la implementación de políticas para alejarla”, concluyó el experto, citado en el comunicado.