“La situación no es para tener tranquilidad. Miguel Uribe, uno de nuestros candidatos de oposición, muy destacado, se debate para mantener la vida”, expresó Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de X, antes Twitter.
Con esta afirmación, el expresidente puso en evidencia su preocupación por la seguridad del senador Miguel Uribe y abrió un espacio para reflexionar sobre el proceso judicial que enfrenta y su interpretación del rol del actual gobierno en ese contexto.
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Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, sostuvo que ha asumido su situación legal con respeto institucional: “Yo, que tengo una inmensa responsabilidad política, afronto un juicio. Lo he hecho con respeto a la justicia, a la señora Juez. Mis discrepancias frente a la señora Fiscal las he presentado con franqueza y con respeto”. Reiteró que, pese a sus objeciones, mantiene una postura de respeto ante las autoridades judiciales.
Sin embargo, denunció una supuesta injerencia política: “Este juicio ha sido inducido por el actual gobierno, por su más representativo senador”, escribió Uribe, sugiriendo motivaciones políticas detrás de su acusación formal.
La publicación también aludió a decisiones previas del sistema judicial, indicando que fiscales “respetables” presentaron dos solicitudes de preclusión.
A pesar de ello, “vino a acusarme un fiscal nombrado y promovido por el actual Ministro de Justicia, cuando este se desempeñaba como fiscal general de Santos”, sostuvo.
El exmandatario vinculó su situación judicial con decisiones tomadas durante y después del gobierno de Juan Manuel Santos, al que se opuso abiertamente.
Señaló, además, posibles conflictos de interés por parte de quienes participaron en las etapas iniciales del proceso: “Inicialmente me puso preso un magistrado, compañero de trabajo de la esposa de Iván Cepeda, magistrado que fue contratista del gobierno Santos para el proceso de La Habana, del cual yo fui opositor”.
Con estas declaraciones, Uribe apuntó a supuestos vínculos personales y políticos entre funcionarios judiciales y sus adversarios políticos. La mención al proceso de paz de La Habana subraya su rechazo a los acuerdos firmados entre el gobierno Santos y las FARC, un episodio clave en la historia reciente del país.
A lo largo del mensaje, Uribe insistió en su respeto por las instituciones: “Mis discrepancias frente a la señora Fiscal las he presentado con franqueza y con respeto”, enfatizó, insistiendo en que su posición no busca desacreditar el sistema judicial, sino señalar irregularidades que, según él, tienen raíz política.
El caso ha generado diversas interpretaciones. Algunos sectores consideran que Uribe denuncia una instrumentalización política de la justicia, mientras que otros sostienen que intenta desacreditar el proceso legal en su contra. Su intervención ha reactivado el debate sobre la independencia judicial y la relación entre los poderes del Estado.
La mención a la seguridad de Miguel Uribe también generó preocupación dentro de la oposición, como reflejo del clima político actual. Para el expresidente, esta situación forma parte de un ambiente hostil que se ha intensificado bajo el gobierno en funciones.
El pronunciamiento de Álvaro Uribe refuerza su tesis de que la justicia colombiana está atravesada por influencias políticas. Su relato incluye nombres, cargos y conexiones entre funcionarios actuales y pasados, construyendo un discurso en el que se entrelazan la política, la justicia y la historia reciente del país.
Así será el fin del proceso judicial contra Álvaro Uribe
El juicio penal contra Álvaro Uribe Vélez, que lo acusa de presunto soborno a testigos y fraude procesal, concluyó la fase de alegatos finales el 8 de julio de 2025, luego de 67 sesiones de audiencia.
La jueza a cargo, Sandra Liliana Heredia, ha establecido como fecha para emitir el veredicto final el 28 de julio de 2025, a las 8:30 a. m.
Este fallo representará la sentencia de primera instancia. En caso de una condena, el proceso continuaría en tribunales superiores de Bogotá por vía de apelación y, eventualmente, hasta la Corte Suprema de Justicia en caso de casación. La Fiscalía debe emitir su dictamen antes de que el caso prescriba, lo cual está fijado para octubre de 2025.
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