
La discusión sobre el costo de la energía en Colombia volvió a tomar fuerza tras la carta enviada por los gremios del sector eléctrico, en la que proponen medidas para reducir las tarifas que hoy golpean el bolsillo de millones de hogares. La respuesta del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, no se hizo esperar. Con un tono abierto al diálogo, aseguró que recibe “con satisfacción” las propuestas, y valoró la participación del sector privado en un tema que, según dijo, debe ser resuelto colectivamente.
Palma no solo celebró el gesto de los gremios, sino que destacó que muchas de las críticas coinciden con lo que desde el propio Gobierno nacional se planteó. “Incluso coinciden más las críticas que aquí se han hecho con la carta que enviaron los gremios. Sin embargo, la recibo con mucha satisfacción porque eso hacen los demócratas, las propuestas de los gremios. En algunas estamos de acuerdo. Hay que hacer uso eficiente de la energía”, expresó el ministro, al reiterar su disposición para avanzar en una agenda compartida que logre alivios reales.
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Durante su intervención, el funcionario fue más allá de lo técnico y defendió una visión de justicia energética que, a su juicio, debe nacer desde abajo, con comunidades empoderadas, usuarios informados y trabajadores con voz en la toma de decisiones. Su apuesta, explicó, se enfoca en el fortalecimiento de la autogeneración y el impulso a las llamadas comunidades energéticas, figuras que empezaron a tomar forma dentro del programa Colombia Solar.
“Es importante, ya no es una utopía. A mediano plazo, la forma de romper el yugo de las facturas de energía impagables es la autogeneración. Las comunidades energéticas, el programa Colombia Solar que tiene un punto de no retorno con su regulación y marco jurídico, son herramientas reales para devolverle el poder a la ciudadanía”, dijo Palma, quien ha insistido en que la transición energética debe tener rostro social y sentido territorial. También destacó que este tipo de iniciativas permitirán una mayor participación ciudadana, especialmente en regiones históricamente excluidas del sistema eléctrico tradicional, y abrirán espacios para nuevos modelos de organización comunitaria alrededor de las energías limpias.

Uno de los puntos que también enfatizó el ministro fue la necesidad de replantear el modelo actual mediante el cual se toman las decisiones en el sector energético, con especial atención al rol de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Para Edwin Palma, la estructura institucional estuvo históricamente centrada en una visión técnica y empresarial que, si bien necesaria, dejó por fuera voces fundamentales del ecosistema energético, los trabajadores. Según él, la inclusión de actores sociales y territoriales no solo enriquecería el debate, sino que también facilitaría una transición justa y sostenible.

Según argumentó, es urgente que quienes operan, mantienen y garantizan la prestación del servicio en el día a día tengan una participación directa y permanente en las discusiones regulatorias. “Vamos a insistir en que los trabajadores tengan un puesto en la Creg. No se puede seguir regulando sin tener en cuenta a quienes hacen posible la prestación del servicio en el día a día”, manifestó.
El ministro dejó claro que la construcción de una nueva ley que permita reducir las tarifas no puede hacerse desde escritorios aislados ni desde la lógica exclusiva del mercado. Para él, es indispensable que el proceso sea incluyente, amplio y deliberativo. “La ley de reducción de tarifas de energía debe construirse entre todos los sectores, no solo desde los gremios o el Gobierno nacional, sino con usuarios, universidades, líderes sociales y comunidades organizadas”, señaló.
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