El cantante colombiano Charlie Zaa, nacido como Carlos Alberto Sánchez Ramírez en Girardot, atraviesa un proceso legal tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de extinción de dominio sobre bienes valuados en cerca de 25.000 millones de pesos, entre los que figuran el centro comercial Oasis y discotecas en Girardot e Ibagué.
Las autoridades lo señalan de presuntamente haber actuado como testaferro del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presentando testimonios de exparamilitares que lo vinculan con alias Daniel.
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El tribunal dispuso medidas cautelares mientras avanza la investigación, que podría prolongarse hasta mediados de 2026. Ante estas acusaciones, Zaa ha declarado públicamente que todo su patrimonio es resultado de su trabajo honesto a lo largo de más de treinta años y aseguró tener plena disposición de colaborar con las autoridades para demostrar la legalidad de sus bienes.
En una entrevista con el programa Lo Sé Todo, del Canal 1, el cantante habló sobre las repercusiones en el entorno más cercano. “Mi familia está muy mal, mi mamá destrozada, mi esposa, mi hija y mi hijo igual. Lo he visto descompuesto, aunque siempre me ha demostrado ser una persona fuerte”, dijo desde Miami, Estados Unidos. Además, manifestó que su hijo cuestionó la validez de los testimonios presentados por la Fiscalía, dado el pasado criminal de algunos de los declarantes.
Janeth Hoyos, su esposa desde 2001, es exreina de belleza del Valle del Cauca. Juntos, tienen dos hijos: Aaron David y Lauren Mia. Zaa también es padre de una hija llamada Michelle, nacida de una relación anterior. Ante la delicada situación, el artista ha optado por no compartir imágenes con su familia en redes sociales.
El caso sigue en curso y Charlie Zaa afirma que se mantendrá disponible para colaborar en las instancias judiciales que correspondan.
<b>Detalles de la investigación: bienes de Charlie Zaa por $25.000 millones bajo la lupa de la Fiscalía</b>
La Fiscalía General de la Nación mantiene bajo estricto análisis la fortuna de Charlie Zaa, centrando la investigación en un grupo de propiedades valoradas en más de 25.000 millones de pesos. El proceso legal avanza con fines de extinción de dominio sobre inmuebles y negocios ubicados en Ibagué, Girardot y Melgar, atribuidos al cantante de boleros Carlos Alberto Sánchez Ramírez. La entidad sostiene que estos bienes estarían vinculados al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Uno de los activos principales objeto de la investigación es el centro comercial El Oasis en Girardot, que alberga la discoteca más grande del municipio y el Hotel Oasis Boutique. Según la Fiscalía, allí se habrían adquirido al menos tres locales con fondos originados por la organización paramilitar, y en ese sitio se habrían administrado mesadas para familiares de excomandantes de las AUC. El hotel, que cuenta con nueve habitaciones y una ubicación céntrica, figura entre los predios señalados por el ente acusador.
La lista de bienes también incluye las discotecas Kapachos y Solaris en Ibagué, localizadas en la zona rosa. Los testimonios recogidos en procesos de Justicia y Paz señalan que esos establecimientos habrían sido comprados con dineros del Bloque Tolima y puestos a nombre del cantante como supuesto testaferro del entonces comandante, alias Daniel (Diego José Goyeneche). Exparamilitares como Ricaurte Soria Ortiz, alias Fredy, e Indalecio Sánchez han aportado declaraciones sobre la presunta estructura de testaferros.
Adicionalmente, la Fiscalía rastrea otros hoteles y locales comerciales en Girardot y Melgar, que formarían parte de una red de inversión con recursos de origen ilícito. Como medidas cautelares, el ente ha solicitado el embargo, secuestro y suspensión de poder sobre estos bienes, con la advertencia de que, si se confirma su real procedencia, serían transferidos al Estado para la reparación de las víctimas.
Zaa ha defendido la legalidad de su patrimonio, afirmando que proviene de su carrera artística y está bajo su nombre o el de su familia desde hace años. Sin embargo, la Fiscalía cuestiona la ausencia de documentos que acrediten la construcción o la trazabilidad financiera de estos inmuebles. Tampoco se han presentado planos, escrituras completas ni soportes de la inversión realizada.
El caso sigue en desarrollo mientras las autoridades examinan la documentación y las fuentes de financiación. Si se concreta la extinción de dominio, la fortuna del artista podría quedar en manos del Estado, dentro de un proceso que expone la relación entre la música, los bienes raíces y los grandes escándalos vinculados al paramilitarismo.
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