
Durante la Comisión de Seguimiento Electoral realizada este jueves 10 de julio en el Hotel Tequendama de Bogotá, el registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a las preocupaciones del Gobierno nacional sobre la preparación técnica de los comicios de 2026, especialmente en lo relacionado con el software que se utilizará para el escrutinio de los votos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que el Ejecutivo tiene reservas sobre el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que ordenó a las autoridades electorales adoptar medidas estructurales.
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Según Benedetti, una de las disposiciones de esa sentencia establece que el software de escrutinio debe ser de propiedad estatal.
“Todo esto frente a una sentencia del Consejo de Estado que solicita a la Registraduría implementar urgentemente correctivos estructurales para nuestro sistema electoral. Entre esos correctivos está que el software de escrutinio sea de propiedad estatal. Más de cinco años han pasado y las entidades ahí mencionadas han incumplido parcialmente estas determinaciones”, afirmó el funcionario.
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Ante esa intervención, Penagos aclaró que la Registraduría adquirió en 2021 el software de escrutinio y que este se encuentra en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que lo administra de manera autónoma durante los procesos de conteo oficial de votos.
“En las elecciones pasadas, el software de escrutinio fue administrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto para los comicios al Congreso como para las elecciones presidenciales. Cabe precisar que dicho software fue adquirido a la empresa española Indra, será nuevamente puesto a disposición del CNE”, señaló el registrador.
También explicó que este sistema se activa una vez cierran las urnas y se han diligenciado las actas electorales. A diferencia del software utilizado para el preconteo o para la divulgación preliminar de resultados, el de escrutinio se encarga de consolidar los datos oficiales para definir los resultados legales.
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“El software de escrutinio es el proceso que se ocurre después de cerradas las urnas y diligenciadas las actas electorales de los demás software que tienen que ver por ejemplo con preconteo, divulgación, y consolidación. Insisto, hoy el software es un software que se va a dejar a disposición para utilizarlo en las próximas elecciones”.

Además, el registrador afirmó que se permitirá el acceso al código fuente del programa, lo cual permitiría a veedores y expertos analizar su funcionamiento, con el propósito de garantizar transparencia y confianza en el sistema.
“Se contratarán auditorías externas para hacer seguimiento a todas las etapas del proceso electoral y se adquirirá una herramienta de ciberseguridad, con el fin de proteger la integridad del sistema y reducir riesgos informáticos”, agregó.
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Frente a las declaraciones de Benedetti, Penagos reiteró que las inquietudes no tienen fundamento técnico y que la logística contratada para las elecciones de 2026 no involucra el manejo del software de escrutinio ni del preconteo. La Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, que ganó la licitación por $2,1 billones, está encargada de aspectos operativos como el transporte, distribución de materiales y montaje de infraestructura, pero no de los sistemas informáticos de consolidación de resultados.
“Lo que queremos es absoluta tranquilidad de toda la ciudadanía, es nuestro deber, hacia esa dirección vamos a conducirnos”.

Las dudas del Gobierno han coincidido con publicaciones recientes del presidente Gustavo Petro, quien ha expresado en redes sociales su preocupación por una supuesta falta de garantías en los próximos comicios presidenciales y legislativos. Estas afirmaciones han generado críticas desde diversos sectores políticos, que consideran que pueden afectar la confianza ciudadana en el sistema democrático.
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Las respuestas de Penagos en la Comisión de Seguimiento Electoral fueron interpretadas por algunos participantes como un intento de reafirmar la solidez del sistema y contrarrestar el ambiente de desconfianza promovido desde algunos sectores del Gobierno.
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