El 6 de noviembre de 2025, entrará en vigor el nuevo Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), que será obligatorio para todas las empresas reguladas por la Superintendencia de Transporte (Supertransporte).
La medida, establecida por la Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia, busca frenar el uso del sistema logístico y vial para actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de dinero. “Las empresas que no actúen con tiempo corren el riesgo de ser sancionadas o, peor aún, de quedar atrapadas en esquemas delictivos que pueden destruir años de reputación y trabajo”, advirtió Santiago Hernández, CEO y fundador de Tusdatos.co.
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El sector transporte en Colombia enfrenta una vulnerabilidad persistente ante el crimen organizado. Solo en el primer trimestre de 2025, las autoridades incautaron más de 7,5 toneladas de marihuana transportadas en camiones por rutas nacionales. Una de las mayores operaciones ocurrió en Antioquia, donde se decomisó un cargamento en la vía Medellín–La Pintada. Estos episodios evidenciaron el riesgo constante de que la infraestructura del gremio sea utilizada para fines ilícitos.
La magnitud del mercado acentuó la urgencia de la regulación. Según cifras gremiales oficiales y actualizadas a 2024, el transporte terrestre movilizó 133,9 millones de toneladas de carga y generó ingresos por $11,16 billones. No obstante, el 91,8 % de las compañías del sector son microempresas, muchas de ellas sin personal dedicado a cumplimiento o con acceso limitado a herramientas tecnológicas, lo que incrementa los riesgos operativos, financieros y reputacionales.
Cabe resaltar que el Sarlaft no es una figura nueva, pero la actualización representó un cambio estructural en el modelo de cumplimiento. Por lo que ahora se exigen más controles, mayor trazabilidad, responsabilidades definidas y sanciones más severas. La normativa reemplaza al antiguo Siplaft y obliga a las empresas a estructurar un sistema basado en cinco etapas: identificación, evaluación, control, monitoreo del riesgo y documentación de procesos.
Entre los requisitos se incluyen políticas de debida diligencia, capacitación interna y reportes periódicos ante la UIAF. Además, será obligatorio designar un Oficial de Cumplimiento certificado y contar con una matriz de riesgos ajustada al perfil y ubicación de la compañía.
Uno de los cambios más relevantes es la integración con el Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte, una plataforma digital de la Superintendencia que centraliza datos, alertas y seguimiento en tiempo real. Esto obliga a las empresas a fortalecer su infraestructura tecnológica o vincularse con plataformas especializadas para cumplir con los estándares exigidos.
“Más que un trámite legal, el Sarlaft es una herramienta para proteger a las empresas de ser utilizadas por redes criminales sin saberlo”, afirmó Hernández. Ante la complejidad del sistema, recomendó iniciar cuanto antes el diagnóstico de riesgos y la implementación de los controles mínimos. El plazo para cumplir vence en menos de cuatro meses y las sanciones por omisión incluyen desde multas económicas hasta la suspensión de la operación.
Para cumplir con la norma antes de noviembre, las empresas deben seguir seis pasos clave: identificar riesgos específicos según zona, tipo de operación y aliados comerciales; diseñar una matriz de riesgos con medidas de control adaptadas al perfil de la empresa; verificar antecedentes de clientes, socios, proveedores y empleados mediante procesos de debida diligencia.
Asimismo, capacitar al personal interno en cumplimiento, lavado de activos y manejo de alertas; designar un Oficial de Cumplimiento con formación técnica y experiencia en el sector; e incorporar tecnología para gestionar información, generar reportes y facilitar la supervisión.
Finalmente, la Supertransporte anunció jornadas de sensibilización y capacitación técnica en distintas regiones del país. El mensaje es inequívoco: el tiempo apremia y el incumplimiento puede acarrear consecuencias graves, tanto legales como en términos de reputación y sostenibilidad empresarial.
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