La advertencia de la saliente ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia Torres, sobre la incapacidad actual de la Imprenta Nacional para producir pasaportes provocó nuevas alertas en un escenario donde los tiempos institucionales parecen más lentos que las necesidades del país.
En declaraciones a diversos medios de comunicación, la funcionaria sostuvo que esta entidad estatal “no está lista” para asumir una labor de tal magnitud, lo que abre un frente de incertidumbre a tan solo dos meses del vencimiento del contrato con Thomas Greg & Sons, previsto para el 31 de agosto de 2025.
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Sarabia, que deja el cargo en medio de una de las transiciones más delicadas de los últimos años en la Cancillería, fue enfática al señalar que el proceso de sustitución del proveedor actual requiere una fase de preparación técnica que aún no se ha consolidado.
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“La trazabilidad de los documentos y lo que podemos decir es que hoy consideramos, desde la Cancillería, que la Imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición para que lleguen las máquinas, para el fortalecimiento de las capacidades”, dijo la ministra.

Las tensiones alrededor de la expedición de pasaportes no son nuevas, pero sí se han intensificado desde que el Gobierno Nacional decidió terminar su relación comercial con la firma TGS. Esta empresa, encargada del proceso desde 2007, quedó envuelta en una controversia tras la fallida licitación de 2023, en la que varias compañías desistieron de participar por considerar que los términos favorecían directamente a la compañía.
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Luego de que la licitación se declarara desierta, se declaró una urgencia manifiesta que mantuvo a la firma en el proceso, pero también derivó en la inhabilitación a Álvaro Leyva, canciller para ese entonces, por decisión de la Procuraduría General de la Nación.
Tras ese fallo, se abrió paso a una nueva estrategia del Gobierno, que incluyó la transferencia de capacidades a la Imprenta Nacional, con apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal. No obstante, esa alianza, según lo revelado por Sarabia, aún no se ha concretado en términos contractuales.
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“Recibimos una comunicación en la que manifestaban no saber a qué contrato se refería el señor (Alfredo) Saade”, relató la ministra en referencia a las declaraciones del jefe de gabinete presidencial, que había asegurado que el acuerdo con Portugal estaba por firmarse.
Las palabras de Sarabia llegaron poco después de que entidades como el Ministerio Público realizaran visitas técnicas a la Cancillería, en la búsqueda por establecer cuál fue la planificación institucional para una transición que debe estar lista lo más pronto posible. Mientras tanto, el Gobierno nacional no oficializa ningún contrato nuevo ni tampoco definió una prórroga con Thomas Greg & Sons, lo que agudiza la preocupación por el futuro del servicio.
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En una conversación con la revista Cambio, Sarabia también lanzó una advertencia sobre las consecuencias de precipitar el cambio sin preparación suficiente: “Si se sigue la ruta trazada por Alfredo Saade, es seguro que, cuando el contrato con Thomas Greg se acabe, los colombianos van a quedarse sin pasaportes”.

Es importante señalar que el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que desde el Ejecutivo se están llevando a cabo las adecuaciones correspondientes con el objetivo de que esta entidad estatal pueda asumir plenamente el proceso a partir del 1 de septiembre, fecha en la que finaliza el contrato actual con la compañía TGS encargada de esta labor desde hace más de una década.
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En otra intervención, Benedetti mencionó que no se descarta la opción de declarar una nueva urgencia manifiesta, medida que permitiría extender temporalmente la participación de la compañía mientras se completan los procesos de alistamiento técnico y logístico de las entidades que asumirán la producción.
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