
El Juzgado 44 Penal del Circuito Judicial de Bogotá volvió a albergar el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, que fue acusado por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en 2018.
En la audiencia intervino Jaime Lombana, abogado del líder político del Centro Democrático, que afirmó que el escrito de acusación entregado por el órgano rector está centrado en tres hipótesis de soborno y varios fraudes procesales que se basan más en interpretaciones que en demostrar con hechos las pruebas del caso.
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A la par, explicó que hay una “violación de principio de congruencia” porque el episodio de Cómbita no fue objeto de acusación. De igual manera, mencionó que la acusación en contra de Álvaro Uribe está “inflada” porque habla de “apoyo consciente, deliberado y sistemático de varias personas”. Lombana dijo que el escrito habla de “máquina criminal” y que ahí se “nota la pluma” del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Cabe recordar que Montealegre ha intervenido como víctima en este proceso, porque en uno de los episodios se habló de que tenía un complot contra Uribe y su familia. En ese sentido, el abogado defensor dijo que tanto la Fiscalía como las víctimas aplicaban tipos de teorías contra el exmandatario dependiendo del hecho.
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Así mismo, el togado habló sobre las declaraciones del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, que dijo que el expresidente Uribe no tenía ningún tipo de relación con grupos al margen de la ley. Igualmente, hizo referencia al llamado a indagatoria que hizo la Corte Suprema de Justicia al exmandatario que calificó sus acciones de “dolo eventual”.
A propósito, explicó que la Fiscalía no pudo presentar argumentos para comprobar que Uribe Vélez sabía que los pagos a Diego Cadena iban a parar en soborno a testigos, sino que tal afirmación fue una conjetura de la fiscal.

Lombana también aclaró que fue Cadena el que se ofreció a recaudar pruebas que demostraran la inocencia de Uribe Vélez. Además de señalar que eso quita elemento de determinación, lo que demuestra la inocencia del expresidente. “(Uribe) no incrementó el riesgo permitido al contratar a Cadena, máxime cuando su instrucción fue verificar información”, dijo.
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La prueba reina del “entrampamiento” al expresidente Uribe Vélez
Por otro lado, Jaime Granados sostuvo que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y su entonces pareja Deyanira Gómez orquestaron un “entrampamiento” contra el exmandatario en el año 2018. Granados argumentó que existen pruebas documentales y testimoniales, presentadas en el juicio, que demuestran la “forma desesperada” en la que Monsalve buscó, en el primer mes de ese año, establecer contacto con los abogados de Uribe, e incluso con el propio expresidente.
El objetivo, según la defensa, era manifestar su supuesta intención de retractarse de los señalamientos realizados ante la Fiscalía General y en Justicia y Paz, donde había vinculado a Uribe con la conformación de grupos paramilitares en Antioquia durante los años ochenta.
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Monsalve, de acuerdo con los alegatos, preguntó a su compañero de patio Enrique Pardo Hasche si tenía contactos para comunicarse con los abogados del expresidente. A raíz de esto, Uribe solicitó a Diego Cadena Ramírez que verificara la información, lo que llevó a la convocatoria de una reunión en la cárcel La Picota de Bogotá el 21 de febrero de 2018.

En esa primera ocasión, Monsalve no asistió al encuentro en las salas especiales de La Picota porque desconocía quién era Cadena y si realmente representaba a Uribe. Solo después de confirmar la identidad y representación de Cadena, Monsalve accedió a la reunión. Todo el proceso fue registrado con relojes con cámara, dispositivos cuya procedencia dentro del centro penitenciario sigue sin esclarecerse.
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Para Granados, este hecho constituye la primera evidencia del supuesto intento de entrampamiento, ya que desde el inicio existía la intención de grabar la conversación “con esos aparatos” para construir la narrativa de una presión ejercida sobre Monsalve con el fin de que firmara una retractación a cambio de beneficios judiciales. La defensa señaló que la segunda prueba del entramado corresponde a una nota escrita, presuntamente de puño y letra de Monsalve, enviada a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con una “nota aclaratoria”.
En este episodio, Deyanira Gómez desempeñó un papel central. Se reunió en una cafetería del centro de Bogotá para discutir la retractación. Cadena le indicó que la retractación debía presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, ya que existía una indagación preliminar contra Uribe. Gómez alegó que no podía entregarla ese día porque una de sus hijas estaba enferma y ella se encontraba en el hospital, por lo que solicitó posponer la entrega. No obstante, ese mismo 2 de abril de 2018, Monsalve remitió la carta a la Corte con la nota aclaratoria y, “un minuto después”, Gómez radicó un memorial en el que denunciaba la supuesta presión ejercida sobre su pareja para retractarse.
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