El ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, posesionó a sus dos nuevos viceministros: Olga Claros, que liderará el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y Yefferson Dueñas, que estará al frente de Promoción de la Justicia. Según informó el jefe de la cartera, la misión principal de los funcionarios del Gobierno será el desarrollo de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.
En consecuencia, Montealegre anunció que se radicarán ante el Congreso de la República proyectos enfocados en las negociaciones con organizaciones al margen de la ley. “La prioridad de nuestra agenda está cifrada el 20 de julio en presentar los estatutos que desarrollen la Paz Total”, precisó.
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Las iniciativas que pasarán por el legislativo tienen como fin establecer marcos jurídicos que permitan al Gobierno regular y avanzar en dos puntos clave de la política de paz de la actual administración:
- El sometimiento de organizaciones criminales cuyos miembros colaboren con la justicia de manera efectiva.
- La desmovilización de grupos insurgentes.
De acuerdo con el jefe de la cartera, con la implementación de los marcos jurídicos se logrará la desarticulación de los grupos armados y luchar de manera más efectiva contra el narcotráfico.
Montealegre afirmó que la importancia de los estatutos que se presentarán en la nueva legislatura radica en la necesidad de conseguir apoyo para enfrentar la violencia en Colombia, ejercida por los grupos criminales. Aclaró que los proyectos no serán la base de la impunidad para los actores armados que integran las organizaciones.
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“No va a haber impunidad para ningún grupo. No se equivoquen, este no va a ser un proceso de impunidad, es un proceso que va a armonizar y a ponderar el derecho fundamental a la paz que tenemos todos los colombianos con las necesidades de verdad, justicia y reparación que tienen las víctimas. No vamos a declinar en la lucha contra el crimen organizado”, explicó.
El ministro también anunció que se empezará a adelantar una agenda de reforma a la justicia estructural, que involucrará transformaciones en la justicia penal, civil, de familia, comercial y arbitral.
Esta última estaría permeada por presuntos actos de corrupción cometidos por algunos de sus funcionarios que, justamente, ha denunciado el mismo presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. “Se han presentado escandalosos casos de violación de la ley que deslegitiman ese tipo de justicia”, indicó.
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“Empezaremos a coordinar desde la base con los sindicatos, con las asociaciones de funcionarios, de jueces, de fiscales. No será una reforma que se haga desde la cúspide de la justicia hacia abajo, sino, por el contrario, desde las bases hacia la cúspide”, detalló.
Énfasis en una Paz Total cuestionada
Reiteró que la prioridad de la cartera será avanzar en la política de Paz Total, que ha sido fuertemente cuestionada desde distintos sectores, incluyendo el de la oposición, por cuenta de la carencia de resultados en materia de reducción de la violencia y de desmantelamientos de los grupos armados.
Pues, aunque el jefe de Estado ha centrado sus esfuerzos en llevar a cabo negociaciones de paz con organizaciones al margen de la ley como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos criminales se han expandido en buena parte del territorio nacional.
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Según un el Informe Mundial 2025 de la organización Human Rights Watch (HRW), publicado en enero del año en curso, para junio de 2024, las disidencias llegaron a hacer presencia en 299 municipios; el ELN, en 232; y el Clan del Golfo, en 392.
“Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de ‘paz total’ ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil (…). La violencia adoptó nuevas formas y los grupos armados han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país”, se lee en el informe.
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