Juicio a Álvaro Uribe: defensa del expresidente acusó a la Fiscalía de “falsear y alterar la evidencia”

Este martes 1 de julio de 2025 se retomó en Bogotá el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta cargos por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

En esta audiencia, la defensa del exmandatario, liderada por el abogado Jaime Granados, presentó los alegatos finales ante el juzgado encargado del caso.

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En su intervención, Granados aseguró que la Fiscalía General de la Nación llegó al extremo de “falsear y alterar lo que muestra la evidencia”.

“Se llegó al extremo de falsear, de alterar lo que muestra la evidencia. Y no puedo dejar pasar por alto, Su Señoría en este momento. Como ejemplo de esta manifestación, lo que ocurrió cuando al abordar en sus alegatos la señora Fiscal puso en boca del señor Álvaro Uribe Vélez palabras por él no pronunciadas cuando decidió renunciar a su derecho de guardar silencio y bajo juramento. Cuatro días rindió su testimonio, incluyendo el contrainterrogatorio de la señora fiscal Y sobre el tema de supuesta determinación, alias Víctor para el soborno, alias Víctor y el tema de ese pago económico, de esos recursos”, indicó Granados.

Y agregó: “La Fiscalía en sus alegatos. Manifestó que había habido un reconocimiento de Álvaro Uribe Vélez acerca de ello. Esos alegatos de conclusión, Su señoría, textualmente quiero, eh así citarlo para no cometer ningún error y no caer en lo que critico. ¿Eh? Dijo lo siguiente. Al ser cuestionado inmediatamente después por mí, ya hoy vale más de 300.000 $ el metro cuadrado. Es decir, que el lote fue entregado no solamente para honorarios, sino también para cubrir gastos o las peticiones que hicieron testigos. ¿Si o no? Esa es la pregunta que hace en sede contra, eh, el procesado”.

Según el abogado, las actuaciones del expresidente respondieron al interés de verificar información que alertaba sobre un presunto complot en su contra, promovido por antiguos miembros de grupos armados ilegales.

“Hubo un desbordamiento por parte de la Fiscalía en la investigación de conductas criminales. Se está criminalizando el derecho que tiene toda persona de buscar defender su nombre, buen nombre y la verdad”, expresó el abogado durante su intervención, haciendo referencia a la actuación del ente acusador.

Granados contextualizó el caso en el marco de una confrontación política de larga data. “Venimos a este juicio cargados de un pesado lastre de emociones, de sesgos, de antipatías, de heridas, de desconfianzas mutuas”, dijo, señalando que el entorno ha condicionado la percepción pública y judicial del proceso.

Uno de los ejes de su intervención fue defender la actuación del abogado Diego Cadena, quien fue apoderado por Uribe para indagar sobre la veracidad de versiones que vinculaban al expresidente con grupos paramilitares. Según el penalista, Cadena visitó cárceles por instrucción directa de su cliente para hablar con excombatientes que manifestaron tener información sobre los presuntos montajes judiciales.

Granados sostuvo que, en ese contexto, Uribe actuó con base en la facultad legítima de disponer de asesores para preparar su defensa. “¿No estaba él facultado para disponer de abogados y de investigadores que le permitieran corroborar versiones, ubicar testigos y preparar su defensa ante investigaciones que ya estaban en curso en su contra?”, cuestionó el abogado.

La Fiscalía, sin embargo, ha sostenido que las actividades desplegadas por Cadena y otras personas involucradas en el caso, como Carlos Eduardo López, alias ‘Caliche’, corresponden a una estrategia de manipulación de testigos. En su intervención reciente, la fiscal Marlenne Orjuela solicitó una sentencia condenatoria contra el expresidente por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, argumentando que las pruebas recaudadas permiten inferir su responsabilidad penal.

Granados negó que su cliente hubiera tenido contacto alguno con alias ‘Caliche’, señalado por la Fiscalía como un intermediario entre el entorno de Uribe y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. “Ni el abogado investigador Diego Cadena, ni el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada y mucho menos Carlos Alberto López, alias Caliche, le informaban... nunca hubo comunicación con Álvaro Uribe Vélez”, sostuvo.

Por otra parte, el defensor criticó que, a su juicio, la Fiscalía haya adoptado una postura de defensa hacia las víctimas reconocidas en el proceso, en particular el senador Iván Cepeda. Mencionó que este último admitió haber gestionado que Juan Guillermo Monsalve no fuera trasladado a la cárcel de Valledupar.

Cepeda, por su parte, respondió cuestionando la coherencia del alegato de Granados. Según el senador, el defensor incurre en una contradicción al afirmar que no hay pruebas de una intención dolosa desde el inicio de la relación entre Uribe y Cadena, mientras reconoce que desde esa etapa ya se estaban recibiendo cartas de exparamilitares y narcotraficantes. A su juicio, esto indica que la estrategia de presión y manipulación de testimonios estaba en marcha desde los primeros acercamientos con testigos.

“Desde el mismo inicio de su relación, Uribe y Cadena comenzaron a construir conjuntamente el camino del fraude procesal y del soborno”, señaló Cepeda, recordando que la Corte Suprema de Justicia ya había advertido sobre estas conductas en el caso de Wilser Molina, uno de los testigos vinculados al proceso.