Colombia está a punto de un deterioro económico sin precedentes, alertó la presidenta del Consejo Gremial: “No resiste un análisis serio”

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional, expresó su preocupación frente a las consecuencias que tendría Colombia si se mantiene vigente uno de los decretos económicos expedidos por el gobierno de Gustavo Petro durante la emergencia económica decretada por la temporada invernal en el Caribe colombiano.

La directiva, en su análisis emitido a través de su cuenta de X, recalcó que de mantenerse el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, implementado en el Decreto Legislativo 173 de 2026, “Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes”.

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Este tributo fue diseñado para recaudar fondos que permitan enfrentar la crisis, pero ha generado preocupación en el sector empresarial por su posible impacto negativo en la estructura productiva nacional.

De acuerdo con el documento oficial, se dispone que todas las empresas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT —es decir, cerca de $10.474 millones en valores actuales, tomando como referencia una UVT de aproximadamente $52.370— deberán pagar una tarifa general del 0,5% sobre dicho patrimonio.

Se estableció, además, una tarifa diferencial del 1,6% para el sector financiero y para empresas de extracción de carbón y petróleo.

Según la presidenta del Consejo Gremial Nacional, el impuesto, al gravar el patrimonio corporativo, representa un castigo para las empresas que han invertido en Colombia.

“Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país (...) con el primer pago del 50% venciendo el 1 de abril, las empresas tienen menos de 10 días para conseguir liquidez. Esto las obliga a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo”, indicó en una extensa publicación hecha en la red social mencionada.

Impacto económico

Los gremios empresariales alertan que el impacto inmediato del impuesto será triple: agotará la capacidad de caja al exigir liquidez en el corto plazo, incentivará el endeudamiento para cumplir con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y paralizará proyectos de inversión fundamentales para la economía.

Según la presidenta del Consejo Gremial Nacional, miles de empresas ya han debido adquirir créditos costosos o suspender nuevas contrataciones.

“Este choque fiscal genera tres impactos inmediatos en las empresas: 1. Asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo, afectando la operación diaria, 2. Incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagarle a la DIAN, y 3. Es un freno en seco la inversión que tanto necesita el país”, explicó.

La crítica gremial se enmarca en las condiciones fiscales que atraviesa el país. Gutiérrez recordó que el déficit primario en 2025 llegó al 3,5% del PIB y que, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), para 2026 el faltante podría ascender a 32,1 billones de pesos.

“Al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías y terminarían algunas pagando impuestos a pesar de tener pérdidas económicas en un año. La presión es imposible de asumir (...) Se vulneran los principios de equidad y progresividad (art. 363 CP). Imponer una tarifa del 1,6% —más del triple de la general— a sectores financiero y extractivo, castiga la inversión, que hoy es el componente más débil de nuestro PIB”, resaltó.

Gutiérrez califica esta medida económica como un patrón de “abuso sistemático” del estado de excepción, señalando que el Ejecutivo ha recurrido a la figura extraordinaria de emergencia económica al menos cuatro veces durante el actual mandato.

Adicionalmente, los gremios consideran que en esta oportunidad tampoco existe un nexo suficientemente comprobado entre la crisis climática y la incapacidad de respuesta del Congreso, como exige el artículo constitucional invocado.

“La Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por las vías ordinarias. En este caso, esa justificación no se ha demostrado. Por el contrario, todo indica que el Gobierno pretende utilizar la “crisis climática” para cubrir un faltante de $16,3 billones, cuando el punto de partida debería ser la reducción de un gasto público que hoy supera en 2,6 puntos del PIB el nivel prepandemia. No es válido recurrir a tributos excepcionales sin haber agotado primero medidas de austeridad”, indicó.

Petición a la Corte Constitucional

El Consejo Gremial insiste en que una política fiscal responsable debería anteponer el control y reducción del gasto antes que nuevas cargas impositivas sobre el tejido productivo.

En este contexto, el reclamo central se dirige a la Corte Constitucional, a la que el gremio solicita la suspensión de la norma con el argumento de que defender la Constitución significa “proteger la estabilidad empresarial, el empleo y la viabilidad económica del país”.

“Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional la suspensión urgente de estas medidas para evitar perjuicios irremediables. Se trata de decisiones que no resisten un análisis serio ni desde el derecho ni desde la economía”, puntualizó.