Concejal acusó a Petro de proteger a delincuentes por frenar la extradición de ‘Mocho Olmedo’: sería responsable de decenas de asesinatos

El concejal de Bogotá Daniel Briceño se unió a las críticas contra el presidente Gustavo Petro por haber ordenado la suspensión de la extradición de Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo. El cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc fue solicitado en extradición por el Gobierno de Estados Unidos y Corte Suprema de Justicia dio un concepto favorable a dicha petición.

Por medio de la Resolución 186 de 2025 se concede la extradición del criminal para que comparezca a juicio, pero al mismo tiempo se suspende su entrega a las autoridades norteamericanas. Esto, con base en el proceso de paz que adelanta el Gobierno nacional con el grupo armado; se esperan sus contribuciones en la negociación de paz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El funcionario aseguró que el primer mandatario estaría ofreciendo protección a los criminales responsables de graves crímenes por medio de su política de Paz Total, fuertemente cuestionada por la falta de resultados. Pues, en medio de conversaciones de paz con organizaciones armadas como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos al margen de la ley se han fortalecido y expandido por el territorio nacional.

En este caso, Henao Gutiérrez está siendo requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, que lo acusó de haber incurrido en los delitos de concierto para distribuir una sustancia controlada, concierto para importar una sustancia controlada, concierto para cometer lavado de dinero y tentativa de lavado de dinero. Además, estaría involucrado en decenas de asesinatos.

“Gustavo Petro acaba de frenar la extradición del delincuente alias el Mocho Olmedo, señalado de narcotráfico, lavado de activos y de estar detrás de al menos 43 homicidios, 4 feminicidios. Petro sigue protegiendo a sus delincuentes”, escribió el concejal de la oposición.

Al igual que Briceño, el exministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Luis Felipe Henao Cardona, que fue candidato a procurador General de la Nación, se pronunció a través de su cuenta de X, advirtiendo que el 2026 será uno de los años “más oscuros” para la democracia en Colombia. Según explicó, las decisiones que toma el presidente Gustavo Petro de cara a la implementación de la Paz Total perjudican al país.

A su juicio, existiría un pacto “tácito” y entre el poder y las estructuras criminales que operan en el territorio, ejemplificado en la suspensión de la extradición de alias Mocho Olmedo. Por medio de la supuesta alianza entre el Gobierno nacional y los grupos al margen de la ley, los guerrilleros estarían operando sin problema en el país y con legitimidad política.

De acuerdo con Henao, los integrantes de organizaciones criminales gozan de beneficios y de participación política gracias a loa actual administración.

“Los criminales que ayer desafiaban al Estado hoy lo cooptan; se convierten en gestores del orden local, se pasean en reuniones oficiales y reciben trato preferencial. A cambio, prestan sus servicios: amedrentan, intimidan y siembran miedo entre la población civil. El control territorial se negocia, la justicia se negocia, la extradición se negocia”, señaló.

Aseguró que la política de paz de Gustavo Petro en realidad sería una “estrategia de consolidación autoritaria” que funciona con base en la generación de miedo. Este plan estaría poniendo en riesgo la libertad política de los ciudadanos y la justicia internacional.

“La oposición, la prensa libre, los jueces independientes y los líderes sociales se convierten en blancos incómodos de un nuevo régimen en formación, donde el crimen se institucionaliza”, detalló el exministro de Hacienda.

El presidente, por su parte, defendió la suspensión de la extradición del cabecilla, argumentando que está basada en la ley y que tiene como fin seguir avanzando en el proceso de paz en el cual está participando. Informó que la entrega del guerrillero a las autoridades depende de se sustituyen miles de hectáreas de cultivos de uso ilícito o no.