El coronel Carlos Feria, que ocupaba el cargo de jefe de seguridad de la Casa de Nariño, y fue designado el 4 de mayo de 2025 como agregado policial en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, enfrenta la inminente obligación de abandonar Washington, D. C. tras una decisión directa de la Casa Blanca.
Fuentes federales confirmaron que el gobierno norteamericano liderado por el presidente Donald Trump notificó a Feria que el plazo para su salida vence el 2 de julio de 2025, fecha límite impuesta por las autoridades estadounidenses
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Luego de que se hiciera oficial la salida, la congresista republicana María Elvira Salazar celebró en sus redes sociales la decisión tomada por el Gobierno de Estados Unidos, que catalogó como un acto de justicia, ya que se le retiró la protección diplomática a una persona que no la necesitaba y que estaba, según ella, siendo usada para “esconderlo en Estados Unidos”.
A su vez, recordó los cargos por los cuales fue imputado el coronel Feria en Colombia. Estos hechos, basados en el interrogatorio irregular con la empleada de la entonces jefa de gabinete y actual canciller, Laura Sarabia.
Incluso, afirmó que se habría aprovechado de las herramientas diplomáticas como un “disfraz” que le facilitaba evadir a la justicia en el territorio colombiano. Por los hechos por los que fue imputado, hay implicados que recibieron penas de hasta diez años. “Estados Unidos no será refugio de dictadorzuelos”, adicionó.
Cabe recordar que la determinación surge casi un mes después que la congresista republicana envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitando que se le negaran las credenciales diplomáticas a Feria y se le impidiera trabajar en la Embajada colombiana en Washington D. C.
En la misiva, Salazar fue enfática: “El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago no debe ser permitido para trabajar en la Embajada colombiana en Washington, D. C.; se le deben negar las credenciales diplomáticas y ser enviado de regreso a Colombia para que enfrente la justicia”. Esta petición se fundamenta en las investigaciones abiertas en Colombia contra Feria, que se encuentra vinculado al escándalo de interceptaciones ilegales y seguimientos a Marelbys Meza, exniñera del hijo de la canciller Laura Sarabia.
La controversia en torno al coronel Carlos Feria
El nombramiento de Carlos Feria como agregado policial en la embajada fue interpretado por sectores críticos como un “premio” otorgado por el presidente Gustavo Petro, pese a la compleja situación judicial que enfrenta el oficial. La controversia se intensificó cuando se conoció que la Fiscalía General de la Nación había elaborado un documento de 27 páginas detallando las razones para insistir en la responsabilidad de Feria en los hechos investigados.
El documento del órgano de control sostiene que Feria dio la orden de que Marelbys Meza se sometiera a una prueba de polígrafo. El objetivo de esta prueba era esclarecer el destino de una suma de dinero en efectivo que había sido hurtada del apartamento de Laura Sarabia. El texto señala: “Laura Sarabia le notificó a su empleada Marelbys Meza sobre la realización de la prueba de polígrafo para el día siguiente, al tiempo que, por disposición del coronel Feria, se transmitió la orden para el sometimiento de prueba de polígrafo y el relevo de varios funcionarios del esquema de seguridad”.
La Fiscalía profundizó en la acusación al afirmar que “el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, indebidamente, permitió que sus subalternos usaran bienes del Estado que se habían confiado en razón a su cargo y funciones bajo la custodia de la dependencia que él dirigía para realizar la prueba poligráfica a Marelbys Meza”. Este señalamiento implica un uso irregular de recursos estatales y una posible extralimitación de funciones por parte del entonces jefe de seguridad.
Según el documento, Feria no solo habría dado la orden para el sometimiento a la prueba de polígrafo, sino que además “estuvo al frente y dispuso las acciones encaminadas a contactar al órgano investigativo para iniciar las indagaciones”. Esta afirmación refuerza la hipótesis de que el coronel desempeñó un papel central en la cadena de decisiones que derivaron en la vulneración de derechos de la exempleada.
La situación jurídica de Carlos Feria se ha tornado cada vez más delicada. La Fiscalía manifestó su disposición a buscar una condena tanto para el coronel como para sus subalternos, bajo la premisa de que “todos sabían lo que hacían y respondían a las órdenes del jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro”. Esta hipótesis, calificada como simple, pero contundente por el ente acusador, apunta a una responsabilidad colectiva dentro del esquema de seguridad presidencial.
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