Los ministros de Relaciones Exteriores de quince países, incluidos Colombia, España y Brasil, emitieron una declaración conjunta en la que respaldan los derechos de las personas Lgbt+ y advierten sobre el aumento de discursos y actos de odio en su contra.
El documento llama a la comunidad internacional a implementar políticas de protección y erradicar formas de violencia y criminalización que siguen vigentes en distintas regiones del mundo.
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El pronunciamiento fue suscrito por los jefes de la diplomacia de Colombia, España, Australia, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Eslovenia, Islandia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Portugal y Uruguay, quienes señalaron que “unen sus voces” en defensa de los derechos fundamentales de esta población, ante un contexto global en el que aumentan los ataques y retrocesos normativos que afectan directamente a las personas Lgbt+.
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“Rechazamos toda forma de violencia, criminalización, estigmatización o discriminación, que conducen a violaciones de los derechos humanos”, indicaron los firmantes.
También destacaron la importancia de adoptar medidas específicas orientadas a prevenir el acoso y a garantizar el respeto por la diversidad.
“El respeto por la diversidad, la igualdad y la tolerancia requieren del apoyo a nivel internacional a medidas destinadas a la despenalización, la prevención y la erradicación de todo tipo de acoso”, agregaron.
El comunicado también pone énfasis en la urgencia de fortalecer políticas públicas inclusivas y de ampliar las oportunidades de integración socio-laboral, en especial para las personas trans, que siguen enfrentando niveles alarmantes de exclusión.
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Los cancilleres reconocieron que estas problemáticas no operan de manera aislada, sino que se agravan cuando confluyen con otras condiciones de vulnerabilidad.
“Las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación” a las que se enfrenta esta comunidad fueron mencionadas de manera explícita, sobre todo cuando sus integrantes también pertenecen a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, personas mayores o en situación de pobreza.
En este sentido, señalaron que “promover su plena y efectiva inclusión requiere de un enfoque interseccional que aborde estas desigualdades de manera estructural”.
Los gobiernos firmantes hicieron un llamado a otros Estados para avanzar en la eliminación de normas que penalizan la orientación sexual o la identidad de género.
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“Llamamos a todos los Estados para que se unan a este camino, derogando las leyes discriminatorias existentes y negándose a introducir nuevas leyes que criminalicen las relaciones entre personas del mismo sexo o castiguen a las personas por su orientación sexual e identidad de género”, manifestaron.
Uno de los puntos más enfáticos del comunicado está dirigido contra las denominadas “terapias” de conversión, prácticas que continúan presentes en varios países, a pesar de las advertencias de organismos internacionales sobre sus consecuencias nocivas.
“Pedimos el fin de la persecución penal de las personas Lgbt+, especialmente la prisión y la pena de muerte, y el fin de las llamadas ‘terapias’ de conversión, que son inherentemente discriminatorias”, indicaron los ministros.
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Asimismo, alertaron que persistir en la penalización o en la negación de derechos genera condiciones de inseguridad, desigualdad y estigmatización que socavan los principios básicos del derecho internacional.
Según indicaron, “está en juego el pleno respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, así como el fortalecimiento de la igualdad, la diversidad y la prosperidad, sin dejar a nadie atrás”.
La declaración finaliza con una reafirmación del compromiso de los países firmantes con la promoción de sociedades más inclusivas.
“Reiteramos finalmente nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos de las personas Lgbti+, para que su igualdad ante la ley sea indiscutible y para que ninguna persona sea penalmente perseguida o discriminada por razón de su orientación sexual e identidad de género”, concluye el texto.
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Además, los representantes diplomáticos expresaron su voluntad de contribuir a construir entornos donde “todos los seres humanos puedan ser y amar libremente”, un principio que, subrayaron, debe ser garantizado por los Estados a través de acciones concretas, reformas legales y reconocimiento igualitario.
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