Las llamadas extorsivas desde cárceles en Colombia se han convertido en un fenómeno delictivo de gran alcance, con redes que logran mover hasta 2.000 millones de pesos al año y la capacidad de realizar hasta 250 llamadas extorsivas diarias desde un solo teléfono móvil dentro de prisión.
En los últimos años, la modalidad de extorsión telefónica experimentó un crecimiento alarmante en Colombia.
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Este delito, que consiste en contactar a una persona desde un número desconocido para amenazarla o engañarla y así obtener transferencias de dinero, se ha sofisticado y expandido, afectando a ciudadanos de todas las regiones y estratos.
El método resulta sencillo para los delincuentes: aprovechan el miedo y la confusión de la víctima, que, ante la presión, termina enviando dinero a cuentas bancarias o a través de empresas de giros.
El epicentro de muchas de estas operaciones se encuentra en los centros penitenciarios del país. Internos, en complicidad con funcionarios corruptos, logran ingresar teléfonos móviles y tarjetas SIM a las cárceles, burlando los controles y aprovechando la ineficacia o el deterioro de los inhibidores de señal.
Estos dispositivos, instalados para bloquear las comunicaciones no autorizadas, suelen presentar fallas técnicas o quedar obsoletos, lo que facilita la actividad delictiva.
Los reclusos, además, obtienen información personal de sus víctimas mediante el acceso a teléfonos y dispositivos robados, así como a través de redes sociales, lo que les permite construir relatos convincentes y aumentar la presión psicológica sobre quienes reciben las llamadas.
La Policía Nacional ha realizado múltiples operativos dentro de las cárceles para incautar teléfonos móviles. En varias intervenciones, los agentes han encontrado dispositivos marcados con números de cabinas u oficinas, así como cuadernos con registros detallados de llamadas y datos de potenciales víctimas, organizados de manera similar a los call centers comerciales. Esta estructura revela el nivel de organización y profesionalismo que han alcanzado estas redes criminales.
Las estrategias empleadas por los extorsionistas son diversas y evolucionan constantemente. Actualmente, existen al menos cuatro modalidades frecuentes. Una de las más comunes consiste en que los delincuentes se hacen pasar por fiscales o policías y amenazan a la víctima con supuestas órdenes de captura por delitos graves, como pedofilia, pornografía infantil o abuso de menores.
Otra variante implica que los extorsionadores fingen ser miembros de grupos armados ilegales y solicitan dinero para la compra de medicamentos, armamento o radios de comunicación, bajo la amenaza de convertir a la víctima en objetivo militar si no accede a sus demandas.
En una tercera modalidad, los delincuentes informan falsamente que un familiar de la víctima fue capturado por un delito o sufrió un accidente de tránsito, y exigen dinero para “resolver” la situación.
Finalmente, cuando la víctima es comerciante, los extorsionadores solicitan un servicio en una zona remota y, al llegar, le hacen creer que se encuentra en territorio controlado por grupos criminales, generando temor y presión para obtener el pago.
La modalidad conocida como “carcelaria” se caracteriza por la suplantación de integrantes de grupos subversivos como las disidencias de las Farc, el ELN o las autodefensas. Los delincuentes citan a las personas a supuestas reuniones organizadas por estos grupos ilegales y, si la víctima no asiste, la amenazan con convertirla en objetivo militar.
También solicitan consignaciones a través de empresas de giros para la compra de insumos o equipos, y en algunos casos, obligan a las víctimas a abandonar sus residencias bajo amenazas de represalias.
Las autoridades recomiendan denunciar de inmediato cualquier llamada sospechosa a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional. Si no se tiene certeza sobre el origen de la llamada, se sugiere utilizar aplicaciones identificadoras de llamadas, que permiten conocer información sobre el remitente, como el nombre o si el número ha sido reportado como spam. La consigna de la campaña institucional es clara: “Yo no pago, yo denuncio”.
La lucha contra la extorsión carcelaria requiere la colaboración activa de la ciudadanía y la denuncia oportuna de cualquier intento de extorsión.
Las autoridades insisten en la importancia de no ceder ante las amenazas y de reportar inmediatamente cualquier situación sospechosa a las líneas oficiales.
La prevención y la acción conjunta entre la Policía Nacional, el Gaula y la sociedad civil resultan esenciales para frenar el avance de este delito que afecta la seguridad y la tranquilidad de miles de colombianos.
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