Menor que atacó al concejal Juan Camilo Espinosa en plena vía pública de San Andrés de Cuerquia fue enviado a un centro de reclusión

Según reportó la Fiscalía General de la Nación, el adolescente de 17 años investigado por el asesinato de un concejal en San Andrés de Cuerquia (Antioquia) aceptó los cargos imputados y fue enviado a un centro especial de reclusión con medida de internamiento preventivo.

La audiencia se realizó luego de presentar ante el juez de control de garantías los elementos probatorios recopilados tras el hecho, ocurrido el 16 de junio.

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La víctima, Juan Camilo Espinosa Vanegas, tenía 32 años, presentaba discapacidad motriz permanente y solía movilizarse en silla de ruedas por el centro del municipio, en el norte antioqueño. Según informó la Fiscalía, el ataque se produjo cuando Espinosa Vanegas transitaba por la zona y recibió impactos de arma de fuego de manera intempestiva.

La reacción de la Policía Nacional impidió la huida del presunto agresor, quien fue aprehendido en flagrancia. Al momento de su detención, el menor portaba un revólver calibre 38 con seis vainillas percutidas y se encontraba en posesión de una motocicleta, vehículo que presuntamente usaría para escapar tras cometer el crimen, detalló la Fiscalía General de la Nación.

El fiscal de la Seccional Antioquia, que asumió la investigación, imputó al adolescente los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos cargos en calidad agravada, según consignó el ente fiscal. En el desarrollo de la diligencia judicial, el menor aceptó la totalidad de los cargos formulados por la autoridad competente.

Ante la gravedad de los hechos y la evidencia presentada, el juez ordenó que el joven fuera trasladado a un centro especial para menores, mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.

El caso generó conmoción en San Andrés de Cuerquia y evidenció la problemática de la violencia armada en la región, según informó la Fiscalía en sus comunicaciones oficiales.

El ataque que terminó con la vida de Juan Camilo Espinosa Vanegas en la vía pública y durante el día, lo que facilitó la rápida reacción de las autoridades policiales, quienes impidieron que el involucrado escapara, según explicó el organismo acusador.

La investigación y el proceso judicial seguirán en los juzgados competentes, mientras el adolescente permanece bajo custodia. Las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer los móviles del crimen y de aplicar rigurosamente la ley conforme al régimen penal para menores de edad.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional continúan con las labores para el esclarecimiento total del caso y destacaron la gravedad de los delitos imputados, que incluyen homicidio agravado y porte de arma de fuego en circunstancias agravadas.

Atentado contra Miguel Uribe Turbay revela uso de menor como sicario

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en el occidente de Bogotá el sábado 7 de junio ha revelado una trama de manipulación y violencia que involucra a menores de edad, estructuras criminales y una planificación meticulosa para borrar cualquier rastro de los autores intelectuales.

El detalle que ha sacudido la narrativa de la investigación es el uso deliberado de un adolescente de 14 años como sicario.

Las instrucciones para seleccionar al sicario fueron claras y frías: debía ser un menor de edad, preferiblemente sin padres o familiares que pudieran reclamarlo o vigilar sus pasos.

“Que tuviera entre 14 y 16 años, porque si estaba por cumplir los 18 podía sufrir cárcel, entonces que necesitaba que tuviera por ahí 14 años”, declaró Katherine Andrea Martínez, una joven de 19 años implicada en la planeación y ejecución del atentado, en su testimonio ante la justicia y recogido por Semana.

La búsqueda del sicario ideal se centró en encontrar a un adolescente vulnerable, sin vínculos familiares sólidos y con necesidades económicas apremiantes.

A Martínez le encargaron que al intermediario, el menor de edad, se le ofreciera un pago de entre 100 y 150 millones de pesos, siempre que cumpliera con disparar y luego se entregara a la Policía.

Sin embargo, en la práctica, solo le prometieron al adolescente la suma de 20 millones de pesos, una cantidad que resultó irresistible para el joven, quien aceptó sin conocer la identidad de su objetivo.