
En un llamado directo a las bancadas del Congreso, el presidente Gustavo Petro solicitó la presencia de todos los representantes a la sesión plenaria convocada para la tarde del 27 de junio, con el fin de votar nuevamente la proposición que acoge el texto del Senado sobre la reforma pensional.
La sesión extraordinaria obedece a una decisión de la Corte Constitucional contenida en el Auto 841 de 2025, según se informó en el comunicado 27 del 17 de junio de 2025. En dicha providencia, el alto tribunal ordenó al presidente de la Cámara de Representantes someter de nuevo a votación la proposición sustitutiva presentada por los congresistas María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros, durante la sesión del 14 de junio. Esta proposición buscaba acoger el texto aprobado por el Senado, que fue publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024.
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El pronunciamiento del mandatario se registró a través de su cuenta de X, donde enfatizó el impacto social de la reforma: “Espero de todas las bancadas, su asistencia, esta tarde, a este acto ordenado por la Corte Constitucional, y citado como plenaria de la Cámara de Representantes”.
Y añadió: “El último debate de la reforma pensional sobre la proposición de acoger o no el texto del senado. Millones de personas de la tercera edad en toda Colombia, se lo agradecerán”.

La Corte encontró un vicio de procedimiento en el trámite de la Ley 2381 de 2024, que establece el nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común. Por esta razón, devolvió el texto a la Cámara y habilitó un plazo de 30 días hábiles para subsanar el defecto, plazo que solo corre durante sesiones ordinarias, a menos que el Congreso sea convocado expresamente a sesiones extraordinarias, como ocurrió.
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El decreto del Gobierno

En respuesta a esta situación, el presidente Petro expidió el Decreto 0747 del 27 de junio de 2025, mediante el cual convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias desde el mismo día y hasta el 19 de julio de 2025. El decreto, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, se basa en los artículos 138 y 200, numeral 2 de la Constitución y el artículo 85 de la Ley 5 de 1992, que reglamenta el funcionamiento del Legislativo.
El texto del decreto argumenta que es prioritario para el Gobierno nacional continuar el trámite de la reforma, que se tramitó como proyecto de ley en el Senado. Además, subraya que el Congreso, durante el receso constitucional, puede ser convocado de forma extraordinaria únicamente para tratar los asuntos específicos que señale el Gobierno, tal como ocurrió en este caso.
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La proposición que ahora debe votarse nuevamente en plenaria busca precisamente ratificar el texto del Senado, superando así el paso definitivo antes de la sanción presidencial.

¿Qué está en juego?
La Ley 2381 de 2024 establece un nuevo modelo de protección social para la vejez, que busca articular los regímenes público y privado, ampliando la cobertura y asegurando un ingreso básico para quienes no alcanzan a pensionarse. En el corazón del proyecto está el Fondo de Ahorro Público y un esquema de pilares que ha generado debate.
Si la Cámara no vota afirmativamente la proposición sustitutiva en esta nueva oportunidad, el proceso legislativo podría estancarse, generando un nuevo litigio constitucional y frustrando una de las reformas emblemáticas del actual gobierno.
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El Congreso tiene entonces hasta el 19 de julio de 2025 para resolver el trámite. Mientras tanto, la atención política y mediática estará centrada en cada sesión extraordinaria que se convoque, pues de su desarrollo dependerá no solo el futuro de la reforma pensional, sino también la capacidad del Ejecutivo para sostener su agenda de transformaciones estructurales.
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