Un nuevo capítulo judicial cierra de manera definitiva el proceso administrativo contra Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranquilla, tras decisión del Consejo de Estado. En una sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el alto tribunal ratificó la sanción disciplinaria que lo inhabilita por 12 años para ejercer cargos públicos y confirmó la multa por más de $33.000 millones de pesos, impuesta por la Procuraduría General de la Nación.
La decisión se produjo luego de que Navarro interpusiera una demanda buscando la nulidad de las sanciones impuestas por el órgano de control en 2018. En su recurso, el exfuncionario también solicitó eliminar del registro la anotación disciplinaria, archivar el proceso de cobro coactivo y obtener una indemnización por perjuicios morales equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv).
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No obstante, el Consejo de Estado fue claro al desestimar todas sus pretensiones, respaldando la actuación del Ministerio Público y validando la competencia de esta entidad para sancionarlo disciplinariamente.
El fallo se apoya en los hechos investigados durante una extensa indagación que inició en agosto de 2017, cuando una denuncia anónima llegó a la Procuraduría alertando sobre presuntas irregularidades cometidas en la empresa prestadora de servicios públicos durante la administración de Navarro. La pesquisa se centró en el periodo comprendido entre febrero de 2008 y diciembre de 2016, específicamente en la ejecución del contrato de asistencia técnica suscrito entre Triple A e Inassa, filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II.
Como parte de ese proceso, se creó una comisión disciplinaria especial para evaluar a fondo las decisiones administrativas adoptadas durante ese tiempo. A partir de los hallazgos, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Navarro, señalándolo de “apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”.
Uno de los elementos más contundentes en el caso fue la forma como, bajo su gerencia, Inassa recibía mensualmente el 4,5% del recaudo de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado, a cambio de una supuesta asistencia técnica que, según la investigación, nunca se prestó. Ese mecanismo, documentado por los entes de control, habría facilitado la apropiación de dineros públicos por parte de la empresa extranjera, con afectaciones directas al patrimonio del Distrito de Barranquilla.
El Consejo de Estado consideró que no existieron irregularidades en el proceso disciplinario y que los derechos del investigado fueron respetados. Con base en los hallazgos, decidió mantener en firme tanto la multa por $33.332.000.000 como la inhabilidad de 12 años para ejercer funciones públicas, como ya se había mencionado, y también reconoció la legalidad del actuar de la Procuraduría.
Además de esta sanción, Navarro enfrenta otras consecuencias administrativas. En un proceso paralelo, también fue inhabilitado por 18 años, como resultado de otro expediente disciplinario en el que se le acusó de aprobar y certificar pagos correspondientes a servicios no ejecutados y de facilitar maniobras contractuales irregulares.
En ese procedimiento, ya se le había impuesto una segunda multa, esta vez por $722.430.308, debido a que, bajo su dirección, la empresa Larco Ltda recibió recursos por $361.215.154, que debían ingresar a las finanzas de la capital del Atlántico en calidad de utilidades y regalías durante 2015.
Junto a Navarro, el Ministerio Público sancionó a Julia Margarita Serrano, que se desempeñaba como gerente financiera de Triple A en el mismo periodo investigado. Su responsabilidad disciplinaria también fue determinada ante las decisiones administrativas que permitieron la pérdida de recursos públicos en favor de empresas privadas.
En el plano penal, la situación de Navarro también tiene importantes desarrollos, ya que el 13 de febrero, la Corte Suprema de Justicia decidió modificar la condena en su contra, reduciéndola de 190 a 127 meses y 9 días de prisión. A pesar de esa rebaja, el exgerente permanece privado de la libertad, cumpliendo su pena en su lugar de domicilio.
Según reportes judiciales, solo ha reintegrado $900 millones de los aproximadamente $27.000 millones que habrían sido desfalcados a la empresa durante su administración.
Fallo emitido por el Consejo de Estado en relación con el exgerente de la empresa Triple A
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