La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Instrucción, abrió una investigación formal contra el senador del partido Centro Democrático José Vicente Carreño Castro por el presunto delito de tráfico de influencias.
La decisión se tomó a raíz de los hechos que rodearon la captura de uno de los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), señalado de haber intentado sobornar al subdirector de la Policía Nacional, general Nicolás Zapata, con el fin de direccionar un contrato estatal.
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Denuncia del general Zapata y el contexto del contrato
De acuerdo con la denuncia presentada por el alto oficial, el asesor del senador Carreño habría buscado beneficiar a una Unión Temporal interesada en la adjudicación de un contrato relacionado con pólizas de seguros para miembros de la Policía Nacional. El ofrecimiento habría consistido en un intento de soborno, que fue denunciado de inmediato por el general Zapata ante las autoridades competentes.
En declaraciones concedidas a W Radio, el senador Carreño se desmarcó de los hechos y defendió a su equipo de trabajo: “Dos golpes muy fuertes, uno a mi amada institución de la Policía Nacional y otro a un funcionario, a un profesional, a un amigo que trabaja conmigo desde hace muchos años y yo le creo porque no soy yo juez para determinar una investigación”. Asimismo, reiteró su confianza en que la justicia actuará con imparcialidad y aseguró que se mantendrá atento a los requerimientos judiciales.
Sin embargo, tras analizar los elementos iniciales, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió asumir el caso y abrir formalmente la investigación contra el senador José Vicente Carreño, en su calidad de aforado constitucional. El alto tribunal busca esclarecer si el legislador incurrió en tráfico de influencias, aprovechando su posición para incidir en procesos contractuales a través de sus asesores legislativos.
Con esta decisión, Carreño se convierte en uno de los congresistas en ejercicio que enfrentan una investigación penal ante la jurisdicción ordinaria, en un caso que involucra presuntos actos de corrupción con impacto en la contratación pública del sector defensa.
Hasta el momento, ni el senador Carreño ni su partido político han emitido un pronunciamiento oficial sobre el proceso abierto. La investigación se encuentra en etapa preliminar, en la que la Corte deberá practicar pruebas y tomar versiones para establecer la eventual responsabilidad del legislador en los hechos denunciados.
La otra investigación en contra del senador
El senador Carreño ya había sido citado por la Corte Suprema de Justicia para que rindiera versión libre en el marco de una investigación por presuntos vínculos con grupos paramilitares en el departamento de Arauca. Según fuentes del alto tribunal, existen elementos suficientes para avanzar en el proceso penal contra el congresista.
Los hechos bajo investigación se relacionan con la desaparición forzada de Alejandro Santiesteban Alarcón, ocurrida en 2003 en el municipio de Tame, Arauca. Según testimonios obtenidos en el marco de procesos de Justicia y Paz, el entonces agente de Policía José Vicente Carreño habría facilitado el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca, estructura paramilitar responsable de múltiples crímenes en la región, entre ellos asesinatos selectivos y desapariciones forzadas.
El alto tribunal busca establecer si el hoy senador tuvo participación directa o indirecta en la comisión de delitos de lesa humanidad, cuya gravedad implica que no prescriben, según el derecho internacional. De comprobarse los hechos, este proceso podría tener profundas implicaciones jurídicas y políticas para el legislador.
El avance simultáneo de dos investigaciones penales —una por corrupción y otra por presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales— por ahora, pone en entredicho su continuidad política y su papel dentro del Congreso de la República.
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