Debido al debate sobre el futuro de la política fiscal en Colombia, el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos intervino públicamente para referirse a la decisión del Gobierno nacional de suspender temporalmente la regla fiscal. Esta medida, que permite ampliar el margen de déficit presupuestal durante los próximos tres años mediante la activación de la denominada ‘cláusula de escape’, ocasionó preocupación en distintos sectores económicos, como los que lideraron su implementación en el pasado.
Santos recordó que durante su administración se consolidaron importantes lineamientos de responsabilidad fiscal. “Implementamos la regla fiscal”, señaló, al referirse al origen de esta política que busca establecer una estrategia institucional para evitar desbalances financieros en el mediano y largo plazo.
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En sus declaraciones para diferentes medios de comunicación, también expresó inquietud por las posibles consecuencias de abandonar temporalmente ese camino: “La regla fiscal, precisamente para generar confianza inversionista. La creación de la regla fiscal y las políticas que pudimos en práctica en ese momento nos permitió recuperar el grado de inversión y eso bajó sustancialmente el costo del dinero, el costo del crédito para el país y para los colombianos”.
La cláusula de escape: ¿qué es y por qué se activó?
La intervención del expresidente se dio luego de que se conociera la noticia y la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo por parte del Ministerio de Hacienda, donde se ratificó que, debido a restricciones presupuestales y a la necesidad de atender compromisos inflexibles del gasto público, se activará la mencionada ‘cláusula de escape’ para suspender los límites del déficit contemplados por la regla fiscal hasta 2027.
Según el documento oficial, el déficit fiscal proyectado para 2026 es de $119,6 billones, aunque podría escalar hasta $139,2 billones si no se aprueba una nueva reforma tributaria. Aun así, hay estimaciones más conservadoras como las del equipo de investigaciones de Corficolombiana, de cuerdo con el reporte divulgado por La República, que anticipan un déficit incluso mayor: $149 billones, es decir, 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ante esto, el expresidente señaló que: “Veo con preocupación que estén ahora invocando una cláusula para no cumplir con la regla fiscal, porque eso envía un mensaje que eventualmente se va a traducir en más altas tasas de interés, en menor crecimiento, en menor desempleo, en mayor pobreza, porque si no tenemos una economía sólida, una situación fiscal que nos permita garantizar los derechos de los colombianos, pues vamos a tener problemas”.
En ese sentido, el Gobierno planteó diversas estrategias para hacer frente a este panorama financiero. Entre ellas, una reforma tributaria que permitiría recaudar al menos $19,6 billones adicionales, también se mencionó un decreto sobre la retención en la fuente, el cual, según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), podría generar ingresos por un monto entre $6 y $9 billones, de acuerdo con el portal en mención.
A esto se suma la diversificación de las fuentes de financiamiento del Estado, como operaciones de tesorería, subastas de Títulos de Tesorería (TES) y emisión de bonos en los mercados internacionales.
Ministerio de Hacienda defiende decisión por gastos inflexibles
El Ministerio de Hacienda justificó la activación de la cláusula de escape señalando que los gastos públicos crecieron de manera estructural, especialmente en áreas como salud, pensiones y funcionamiento estatal, donde los márgenes para ajustes son limitados. Además, se advirtió sobre las presiones adicionales derivadas del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que continúa afectando las finanzas del país.
Es importante señalar que la regla fiscal fue concebida originalmente como una herramienta para brindar estabilidad a largo plazo, reduciendo la volatilidad en las decisiones de gasto e inversión. En ese sentido, la advertencia del expresidente Santos pone de relieve la tensión actual entre las exigencias del contexto económico y la necesidad de mantener políticas que garanticen la confianza del mercado y el acceso a financiamiento en condiciones favorables.
En sus palabras, “si no tenemos una economía sólida, una situación fiscal que nos permita garantizar los derechos de los colombianos, pues vamos a tener problemas”.
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