Cobertura histórica en la alimentación escolar en Colombia: PAE pasó de $1,93 a $2,47 billones

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia experimentó una transformación profunda bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro y la estrategia ‘Hambre Cero’, con una inversión que aumentó de $1,93 billones a $2,47 billones entre 2022 y 2025, y una cobertura que superó el 90% en zonas históricamente excluidas.

El Gobierno nacional situó la seguridad alimentaria de la infancia y la adolescencia en el centro de su agenda social. En el más reciente Consejo de Ministros, el presidente subrayó la importancia de garantizar una alimentación digna y permanente en todas las escuelas del país, especialmente en territorios históricamente olvidados.

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Petro afirmó que: “Logramos que haya comida caliente; ahora los niños y niñas se alimentan mejor, incluso los sábados y domingos. Garantizamos que, al regresar al colegio, la niñez cuente con un respaldo institucional sólido en términos de nutrición”. Además, el mandatario anunció la solicitud de una reunión con el director del Fomag para revisar el modelo preventivo de salud escolar, con el objetivo de que este beneficie tanto a maestros como a estudiantes, aprovechando los recursos existentes.

La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) profundizó en los avances y transformaciones del PAE, consolidándolo como una herramienta fundamental para combatir la desnutrición y garantizar la permanencia educativa. Entre 2022 y 2025, la inversión nacional destinada al programa alcanzó los $2,47 billones, superando ampliamente los $1,93 billones invertidos en periodos anteriores. El incremento representó un aumento del 28% en pesos constantes respecto a 2020.

Para el Estado, el impacto de la inversión se reflejó en varios indicadores clave. El uso de comida industrializada disminuyó en un 24%, mientras que la provisión de alimentos preparados en sitio aumentó en un 21%. Asimismo, la entrega de comida caliente transportada se duplicó, lo que mejoró la pertinencia nutricional y la calidad del servicio ofrecido a los estudiantes. Actualmente, el PAE distribuye 350.000 toneladas de alimentos al año, cumpliendo con la Ley 2046 de 2020, que exige que al menos el 30% de los alimentos provenga de pequeños productores y agricultores locales.

La cobertura del programa también experimentó un crecimiento significativo. Entre 2021 y 2024, el PAE creció 4 puntos porcentuales a nivel nacional. En comunidades indígenas y Narpp (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras), el aumento fue de 9 puntos porcentuales, mientras que en la población rural y estudiantes en jornada única, el crecimiento fue de 4 puntos.

Según datos recientes del Ministerio de Educación, el 92% de las sedes con jornada única recibe almuerzo como complemento nutricional, y las comunidades rurales, indígenas y Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) superan el 90% de cobertura

Asimismo, la entidad nacional señaló que, por primera vez, el programa implementó una estrategia de entrega de canastas alimentarias durante los recesos escolares. Entre 2022 y 2025, se entregaron 2.550.347 canastas en 110 municipios con inseguridad alimentaria, con una inversión de $253.759 millones. La medida permitió que los estudiantes mantengan el acceso a alimentos incluso durante los periodos sin clases, lo que representa un avance en la garantía del derecho a la alimentación.

La equidad territorial fue otro de los ejes de la transformación del PAE. El Gobierno dirigió recursos adicionales a los territorios con mayor rezago histórico. Entre 2022 y 2025, La Guajira recibió un incremento del 134% en inversión, pasando de $79.415 millones a $185.671 millones. En la Orinoquía, el aumento fue del 110%, en el Litoral Pacífico del 62 %, y en la Amazonía del 61%. Para el Estado los incrementos buscan cerrar brechas históricas y garantizar que la alimentación escolar llegue a quienes más lo necesitan.

El fortalecimiento de la infraestructura educativa acompañó la expansión del programa. Se destinaron $2,5 billones a infraestructura, lo que permitió dotar 1.400 sedes educativas y construir 868 cocinas y comedores escolares en todo el país. La cartera de Educación destacó que las acciones han contribuido a dignificar el servicio y mejorar las condiciones en las que los estudiantes reciben su alimentación diaria.

La dignificación del trabajo de quienes hacen posible el PAE también fue una prioridad. El Gobierno avanzó en la formalización de más de 56.000 manipuladoras de alimentos, garantizando sus derechos laborales, prestaciones sociales y seguridad social, en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo y la reforma laboral. El proceso reconoce la labor fundamental de estas trabajadoras en la cadena de alimentación escolar y busca mejorar sus condiciones de vida.

En el ámbito normativo, la expedición de la Resolución 051 de 2025 estableció estándares técnicos para una alimentación escolar culturalmente pertinente, especialmente dirigida a niños, niñas y jóvenes de comunidades étnicas. La normativa también permite que organizaciones propias de esas comunidades puedan operar el programa, fortaleciendo la pertinencia cultural y la autonomía local.

Finalmente, desde la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) se avanza en la consolidación de una política pública estructural que garantice el acceso a una alimentación digna en las escuelas para toda la infancia y juventud del país. El compromiso institucional es claro: “ningún estudiante en Colombia debe volver a pasar hambre en su escuela”.