El mensaje habría sido remitido a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), junto con la hoja de vida de Jiménez y una solicitud para que fuera vinculada al Ministerio del Interior, informó La FM.
Rodríguez habría aportado la conversación a las autoridades. La existencia y el contenido del intercambio deberán ser verificados dentro de las actuaciones judiciales, al igual que las circunstancias de la eventual vinculación contractual de la extrabajadora sexual.
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El chat surgió tras la divulgación de un video de Deicy Jiménez
La información se conoció después de que Jiménez difundiera un video, sin escenas explícitas, con el que buscó acreditar una relación con Gustavo Petro. Personas cercanas al expresidente de la República rechazaron esa versión, según lo expuesto en la revelación periodística.
De acuerdo con la misma información, Jiménez conserva material en su teléfono celular y evalúa si lo divulga en redes sociales. La Fiscalía General de la Nación le habría pedido que no haga públicos asuntos de carácter privado ni elementos que puedan incidir en las actuaciones en curso.
La denunciante tendrá una nueva abogada para aportar los elementos que dice tener. Su anterior representante dejó el caso. La defensa deberá definir qué información presenta formalmente ante las autoridades y bajo qué condiciones se incorpora al expediente.
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La contratación de Jiménez concentra las verificaciones
La relación entre Jiménez y Rodríguez quedó bajo atención luego de que ambas se reunieran y se conociera una fotografía del encuentro. Según la versión reseñada por la cadena radial, acordaron coordinar su defensa porque sus relatos coinciden en aspectos relacionados con gestiones para obtener contratos o cargos públicos.
Rodríguez habría identificado a Jiménez entre las personas por las que, conforme a su relato, recibió solicitudes del entonces presidente para gestionar una vinculación laboral. Además del contrato en el Ministerio del Interior, Jiménez habría tenido relaciones contractuales con otras entidades estatales.
Habría un segundo chat que todavía no se ha hecho público, informó el medio citado. En esa conversación, indica esa versión, Petro habría pedido inicialmente la hoja de vida de Jiménez. Más adelante, una directora de entidad la habría contactado para avanzar en otro contrato.
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La misma fuente señaló que, durante esas gestiones, el expresidente habría planteado un encuentro íntimo a Jiménez y que ella se negó. Horas después, la funcionaria le habría avisado que el contrato no se firmaría. Estas afirmaciones no han sido divulgadas como prueba ni han sido establecidas por una autoridad judicial.
El celular de la excontratista será entregado el 5 de noviembre de 2026 a las autoridades competentes para iniciar la extracción del material y avanzar en la investigación por los presuntos contratos irregulares en el Dapre, a cambio de supuestos favores sexuales, por solicitud de la Corte Suprema de Justicia.
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Barbosa mencionó posibles delitos que deberán probarse
La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram
El exfiscal general Francisco Barbosa afirmó a La FM que el primer chat podría ser analizado bajo la figura de tráfico de influencias de servidor público, si se demuestra que Petro intervino de manera indebida ante otro funcionario para obtener una contratación. Explicó que la eventual conducta no exige que el mandatario haya suscrito el contrato.
Barbosa agregó que los investigadores tendrían que revisar si hubo un posible contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Esa hipótesis dependería de que se establezcan irregularidades en el trámite, la celebración o la liquidación del vínculo contractual.
Sobre el segundo intercambio, el exfiscal sostuvo que, si es entregado y validado, podría examinarse una eventual conducta de acoso sexual vinculada a una relación de poder. También mencionó la concusión, delito que contempla exigir dinero o cualquier otra utilidad. La eventual configuración de esos delitos dependerá de las pruebas y de las decisiones de las autoridades competentes.
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El asunto corresponde a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancias que deberán determinar el alcance de los hechos, la autenticidad de las comunicaciones y la responsabilidad que pueda derivarse.
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