La Fiscalía avanza en el caso de Miguel Uribe Turbay: este es el balance de las investigaciones

Desde el 7 de junio de 2025, cuando ocurrió el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en el occidente de Bogotá, cuatro personas han sido judicializadas, según informó la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, en un balance presentado junto al director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán.

El ataque, que conmocionó a la opinión pública y puso en alerta a las autoridades de la capital colombiana, motivó una investigación de gran envergadura. En los 17 días transcurridos desde el atentado, la Fiscalía y la Policía Nacional desplegaron un trabajo conjunto que ha permitido la recolección de elementos materiales probatorios, evidencias y datos obtenidos de manera legal, lo que ha resultado en la ubicación y judicialización de cuatro personas presuntamente involucradas en la acción delictiva.

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Entre los procesados se encuentra el adolescente que disparó contra el congresista. Las autoridades identificaron a Carlos Eduardo Mora González como otro de los implicados, que habría participado en actividades previas y facilitado un vehículo que conducía para que otros involucrados entregaran el arma al menor el día del ataque.

Katerine Andrea Martínez Martínez fue señalada de trasladar y entregar la pistola tipo Glock utilizada por el adolescente, además de encontrarse en las inmediaciones del parque El Golfito, en el barrio Modelia para asegurarse de la ejecución del acto. William Fernando González Cruz figura como presunto responsable de la planeación, ubicación y selección del menor de edad que disparó, así como de apoyar la huida de los demás participantes.

La Fiscalía imputó a los cuatro procesados por delitos como homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, uso de menores de edad en la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La imputación jurídica principal corresponde al delito de homicidio en modalidad de tentativa, con una causal de agravación contemplada en el numeral cuarto del inciso segundo del artículo 104 del Código Penal.

Este agravante se aplica por tratarse de un ataque contra un integrante de una colectividad política, en este caso, el precandidato Uribe Turbay. La fiscal general explicó que “no tenemos evidencia alguna de un móvil distinto”, subrayando que la motivación del atentado se relaciona con la condición política de la víctima.

El proceso investigativo ha sido exhaustivo. La Fiscalía y la Policía han verificado 89 cámaras de seguridad, realizado 8 interrogatorios, 43 entrevistas a testigos, 7 diligencias de registro y allanamiento, 51 búsquedas selectivas de bases de datos, elaborado 3 perfiles criminales y 3 retratos hablados, entre otras actividades. Estas acciones buscan avanzar en la individualización de los determinadores del hecho y esclarecer la cadena de responsabilidades.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue el análisis de la información extraída de 8 teléfonos celulares incautados. En particular, el dispositivo perteneciente al adolescente que disparó contra el precandidato presidencial, localizado en su lugar de residencia, ha sido objeto de un minucioso examen. En la memoria caché del teléfono se encontraron rastros gráficos, entre ellos imágenes del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, y de la fiscal general de la Nación.

Sin embargo, los expertos en informática forense determinaron que los registros analizados fueron guardados de forma automática por la aplicación de noticias del buscador del celular. Esta herramienta descarga y almacena temporalmente fotografías y noticias recientes en una memoria interna rápida, conocida como memoria caché, con el objetivo de que estas publicaciones aparezcan como sugerencias al usuario al abrir la aplicación.

La inspección de las fechas de las imágenes, correspondientes a abril y mayo de 2025, permitió concluir que el adolescente no realizó búsquedas asociadas con las personas referidas. Tampoco se hallaron archivos de otro tipo, como enlaces recibidos o enviados, ni indicios de conversaciones o interacciones en las que se mencionara o discutiera sobre el alcalde de Bogotá o la fiscal general.

Camargo enfatizó que el análisis de los dispositivos continúa, pero hasta el momento no existen elementos que sugieran la existencia de móviles distintos al político. La investigación descartó la participación de redes de comunicación digital entre los implicados y las figuras públicas cuyas imágenes aparecieron en el teléfono del menor.

El despliegue de recursos técnicos y humanos en este caso ha sido notable. La revisión de 89 cámaras de seguridad permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos antes, durante y después del atentado. Las 43 entrevistas a testigos aportaron detalles sobre la logística y la ejecución del ataque, mientras que las 7 diligencias de registro y allanamiento facilitaron la incautación de pruebas materiales, incluidas las armas y los dispositivos electrónicos.

Las 51 búsquedas selectivas de bases de datos y la elaboración de 3 perfiles criminales han contribuido a perfilar a los autores materiales e intelectuales, así como a identificar posibles conexiones con otros hechos delictivos.

La participación de Katerine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz en la planeación y ejecución del atentado fue documentada a través de testimonios, registros de cámaras y análisis de comunicaciones. La presencia de Martínez en las inmediaciones del parque el día del ataque, así como su papel en la entrega del arma, ha sido corroborada por varios elementos probatorios.

González Cruz, por su parte, habría desempeñado un rol clave en la selección del menor de edad y en la logística de la huida. La investigación sigue abierta y las autoridades continúan recabando información para determinar si existen otros implicados o motivaciones adicionales.