El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su preocupación ante la situación política y de seguridad que atraviesa el país, responsabilizando, principalmente, al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En declaraciones que dio en una rueda de prensa, se refirió a la violencia político-electoral que se evidencia en Colombia, sobre todo, tras el atentado perpetrado contra el senador y precandidato Miguel Uribe.
“Es un recordatorio de la peligrosidad que implica hoy ser oposición en Colombia (…). La violencia política ha regresado: quien piensa diferente se vuelve blanco, no solo de ataques verbales, sino también de amenazas físicas, atentados y persecución judicial”, dijo el mandatario local.
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Desde su perspectiva, el ambiente político y, por ende, el de inseguridad, empeora cada vez más debido a las constantes aseveraciones del presidente Gustavo Petro en contra de otros políticos. “Esto se agudiza más cuando la incitación al odio parte del propio jefe de Estado”, indicó.
Cabecillas en tarima, al lado del presidente
Aunado al discurso que maneja el primer mandatario, y que también se hace evidente en otras figuras políticas tanto afines al Gobierno como de la oposición, el papel protagónico que se le ha dado a los criminales también ha generado rechazo. Pues, el 21 de junio de 2025, en un evento llevado a cabo en el Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín (Antioquia), hicieron presencia cabecillas condenados de estructuras criminales con las que la administración adelanta una mesa de diálogo orientada a la paz.
Los delincuentes estuvieron, incluso, en tarima, lo que causó indignación en el país político y en la ciudadanía en general. Al respecto, Rendón cuestionó la legalidad de la liberación momentánea de los cabecillas, que llegaron hasta el punto de concentración en buses del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
“¿Con qué figura o marco jurídico salieron esos bandidos de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí? ¿Hay decisiones judiciales que amparen que condenados estén en la calle asistiendo a eventos públicos, sin estar esposados, sabiendo el peligro que representan para la sociedad?”, preguntó el gobernador.
El funcionario puso en duda el poder del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y del mismo Inpec, para sacar a los presos de manera momentánea, con el fin de que hicieran parte del evento liderado por la Presidencia. Incluso, aseguró que buena parte de los criminales que llegaron escoltados hasta el lugar están privados de la libertad gracias a la gestión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el que se solidarizó.
En consecuencia, solicitó respeto por las personas que se han visto afectadas por el actuar criminal de los cabecillas, así como por la institucionalidad. “Respeten a las víctimas, respeten a los Soldados y Policías, respeten a las Instituciones”, precisó.
Insistió en que desde el departamento se está trabajando en defender a la fuerza pública y la legalidad. Mientras tanto, el Gobierno, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, estaría “mirando a Antioquia” de manera hostil, al mismo tiempo que da visibilidad y espacios de participación a los cabecillas de las estructuras armadas.
“Se rodea de los criminales más peligrosos, jefes de banda que han asesinado, torturado, desplazado y extorsionado. Que lo siguen haciendo. Que han instrumentalizado por décadas a nuestros jóvenes y se han aprovechado de sus vulnerabilidades y necesidades”, indicó.
Así las cosas, el gobernador aseguró que la administración actual está actuando de cara al proceso electoral de 2026, último año de Presidencia de Gustavo Petro, y que, para ello, estarían utilizando a organizaciones criminales como “herramienta conveniente” para “a constreñir” a los electores.
“Es un juego macabro en el que todo vale (…). El país se está definiendo en horas, la democracia se nos puede esfumar en minutos y la libertad en segundos. Lo que está en juego es mucho más que un modelo político: es la esencia misma de la República”, aseveró.
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