General (r) Óscar Naranjo habló del “costo político” del Gobierno tras la presencia de cabecillas en evento público en Medellín

El sábado 21 de junio, el presidente Gustavo Petro encabezó el evento Un pacto por la paz urbana en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.

Lo que llamó la atención del acto público fue la presencia y participación de nueve jefes de estructuras criminales actualmente recluidos en la cárcel de Itagüí (Antioquia), lo que fue ampliamente cuestionado por figuras políticas como los alcaldes de Medellín y Bogotá, además de sectores de la oposición.

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Entre los asistentes trasladados al acto estaban los reconocidos cabecillas de organizaciones delincuenciales: José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert, y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, según confirmó El Colombiano.

Estos líderes, cuyos antecedentes judiciales incluyen delitos de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición y extorsión, fueron trasladados bajo custodia desde el centro penitenciario hasta el lugar del evento de más de dos horas.

Al respecto, el general retirado y exvicepresidente Óscar Naranjo expresó su preocupación por la participación de estos jefes criminales en actos oficiales.

En declaraciones para Blu Radio, Naranjo afirmó: “Transparencia no significa darles tribuna y micrófono en un acto público y político a estas personas, que están en conversaciones sociojurídicas con el Gobierno para avanzar en lo que debería terminar en una ley de sometimiento y en un sometimiento efectivo con ese desmonte”.

Naranjo precisó que, si bien el país enfrenta retos en materia de orden público, la coyuntura actual no se compara con la crisis de los años noventa. No obstante, advirtió sobre el riesgo de legitimar a estructuras criminales bajo el argumento de promover la paz.

Según él, estas organizaciones buscan consolidar gobernanza criminal imponiendo reglas propias y protegiendo economías ilegales: “Hoy los colombianos tenemos frente del Estado unas organizaciones que buscan legitimarse a través de la llamada gobernanza criminal”.

Con experiencia como interlocutor en negociaciones con el Clan del Golfo, Naranjo recordó que los diálogos con estas organizaciones se deben conducir bajo estrictos parámetros de confidencialidad y control.

Señaló que la transparencia gubernamental exige rendición de cuentas, no exposición pública de los detenidos: “Yo informaba al país sobre los avances o no de esas conversaciones. La transparencia se ejerce rindiendo cuentas, no dándoles vitrina (...) Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Me parece que es una de las confusiones grandes que se dan en la actualidad, porque se están haciendo acuerdos parciales para implementar esos acuerdos con esas personas sin que se hayan desarmado, sin que hayan estado involucradas en procesos de reinserción”.

El exvicepresidente también alertó sobre los costos políticos que, en su opinión, ya enfrenta el Gobierno por permitir que la voz de cabecillas narcotraficantes tenga espacio en escenarios públicos. “Ya le representa al Gobierno un alto costo en términos políticos, porque basta ver las reacciones que, no solamente pasa por la oposición política, sino que pasa por los gremios, pasar por empresarios, pero pasa especialmente por los ciudadanos y las víctimas de estas organizaciones. Se corre el peligro del sueño dorado de participar en política, a pesar de sus fechorías”, enfatizó.

Respecto a la estrategia de Paz Total, impulsada por la actual administración, Naranjo la describió como una política maximalista pero mal planificada. Reconoció que desde sus inicios advirtió la falta de acompañamiento de un esfuerzo equivalente en materia de planeación y advirtió que únicamente dos de once mesas de negociación están en funcionamiento y ninguna a plenitud.

Naranjo enfatizó en la problemática de regiones como en el corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), donde persiste la ausencia de instituciones del Estado. Resaltó que las acciones militares, sin un acompañamiento integral institucional, resultan insuficientes para lograr soluciones sostenibles. “Los abandonos institucionales generan ingobernabilidad. No basta con las operaciones militares si la institucionalidad no llega”, concluyó en la entrevista.