Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular un call center criminal que operaba desde el pabellón número 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá.
La intervención, realizada en medio de la Operación Bogotá, se centró en combatir las llamadas extorsivas que se originan desde centros penitenciarios de la capital.
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Durante la diligencia de registro y allanamiento, las autoridades incautaron 40 teléfonos celulares, 15 cables USB, 30 cargadores, 60 tarjetas SIM, 18 armas cortopunzantes, además de cinco libretos con registros de actividades delictivas, licor y sustancias estupefacientes.
Según la investigación, los dispositivos móviles estaban identificados con números de cabinas y oficinas, lo que facilitaba la organización de las llamadas extorsivas.
El grupo criminal utilizaba diversas modalidades de extorsión, incluyendo la ciberextorsión y la suplantación de fiscales y miembros de la Policía Nacional.
Las autoridades estiman que las rentas ilícitas generadas por estas actividades alcanzaban los 250 millones de pesos mensuales. Tras el hallazgo de los elementos, se inició el proceso judicial correspondiente para la imputación de cargos por extorsión agravada, comentó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá
De acuerdo con datos del Gaula de la Policía, en lo que va del año se han recibido 764 denuncias por extorsión en Bogotá, de las cuales el 45% se originaron en centros penitenciarios. Las autoridades han intensificado los controles en estos establecimientos con el objetivo de reducir la incidencia de este delito.
Recapturados dos hombres que pedían millonarias sumas de dinero a comerciantes de Bogotá
Dos hombres con antecedentes judiciales, que recientemente habían salido de prisión, fueron capturados en flagrancia por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (gaula) de la Policía Nacional en el sur de Bogotá, cuando intentaban extorsionar a comerciantes exigiendo sumas de hasta $200 millones.
La operación, que se desarrolló en la localidad de Tunjuelito, se realizó tras la denuncia oportuna de una de las víctimas, quien alertó a las autoridades a través de la línea 165, habilitada para reportar casos de extorsión en la ciudad.
La intervención policial se produjo luego de que la víctima recibiera amenazas directas y exigencias de altas sumas de dinero bajo intimidación. Según el comunicado oficial de la Policía Nacional, la denuncia permitió coordinar una entrega controlada de dinero, en la que los delincuentes planeaban recibir la suma mencionada anteriormente. Los agentes del Gaula sorprendieron a los dos hombres justo en el momento en que recibían el pago ilícito, logrando su captura en flagrancia y frustrando la extorsión.
Uno de los capturados había recuperado su libertad apenas días antes, tras beneficiarse por vencimiento de términos en un proceso judicial previo. Este individuo, según las autoridades, había cumplido una condena por hechos similares en Cali, donde fue aprehendido en una operación del Gaula de la Policía Metropolitana de Cali.
En esa ocasión, utilizó armas de fuego para forzar a sus víctimas a pagar, lo que evidencia un patrón de reincidencia en este tipo de delitos. Su liberación, ocurrida solo una semana antes de la captura en Bogotá, resultó determinante para que retomara rápidamente sus actividades delictivas, ahora en compañía de un cómplice.
El segundo implicado, residente en Medellín, se desplazó hasta la capital con el propósito concreto de participar en la acción criminal. La reconstrucción policial indica que ambos detenidos acumulan antecedentes judiciales por delitos como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado de automotores, secuestro extorsivo, tráfico de estupefacientes e inasistencia alimentaria.
Esta trayectoria delictiva revela la peligrosidad de los sujetos y la sofisticación de sus métodos para intimidar a comerciantes y obtener grandes sumas de dinero.
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