En una operación sin precedentes por su complejidad y alcance, el 16 de junio de 2025 las autoridades judiciales y policiales de Francia y Colombia, con apoyo de agencias estadounidenses, lograron desmantelar una red transnacional dedicada al abuso sexual infantil transmitido en vivo por Internet.
La investigación reveló que esta red operaba mediante un esquema perverso y sofisticado: patrocinadores ubicados en países desarrollados financiaban agresiones sexuales contra menores en regiones con mayores niveles de pobreza, a cambio de transmisiones en vivo de los abusos.
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“Patrocinar desde un cierto país agresiones sexuales y violaciones perpetradas contra menores en otros países, generalmente a cambio de una remuneración para sus familiares directamente implicados, con el fin de ver estos vídeos en directo”, explicó la Fiscalía de París en un comunicado oficial.
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Este delito, conocido como livestreaming de abuso sexual infantil, se ha convertido en una de las formas más alarmantes y difíciles de rastrear dentro de los crímenes digitales.
La posibilidad de pagar para acceder en tiempo real a la violación de un menor desde otro país añade una capa de sofisticación tecnológica y logística que exige una respuesta judicial y policial altamente coordinada.
Una pieza clave para desmantelar la red fue el rastreo de intermediarios financieros, llamados moneyrunners, que facilitaban la circulación del dinero entre Europa y América Latina.
Gracias a este seguimiento, las autoridades lograron identificar no solo al principal financiador, sino también a cómplices en ambos continentes, responsables de organizar, grabar y transmitir los abusos.
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La alerta inicial fue emitida por el National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec), con sede en Estados Unidos, tras detectar patrones financieros y digitales sospechosos relacionados con transmisiones de abuso infantil.
A partir de esa información, la Fiscalía de París, en coordinación con la Oficina Central para la Represión de la Violencia contra Menores (Ofmin) y las autoridades colombianas, inició una investigación que incluyó seguimiento de transacciones, rastreo de conexiones cifradas y vigilancia de plataformas digitales.
El 16 de junio, en Lille, al norte de Francia, fue arrestado Richard Gilbert de 55 años, acusado de financiar desde Europa agresiones sexuales contra menores en Colombia.
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Según las investigaciones, el hombre habría transferido más de 30.000 euros a una organización criminal radicada en Colombia a cambio de acceder a transmisiones en directo de los abusos, algunas de las cuales fueron cometidas por familiares de las víctimas.
El detenido fue imputado el 20 de junio por múltiples delitos, entre ellos complicidad en trata de seres humanos, instigación a la violación de menores, violaciones incestuosas y tenencia habitual de material de abuso sexual infantil.
Actualmente está en prisión preventiva. Durante el registro de su vivienda, las autoridades francesas encontraron armas de fuego, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre posibles vínculos con otras redes delictivas, como el tráfico de armas o la violencia organizada.
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Simultáneamente, las autoridades colombianas realizaron operativos en Medellín, Sopetrán y otras zonas de Antioquia, donde arrestaron a tres personas implicadas en la logística del delito.
Entre los detenidos están familiares de las víctimas, técnicos encargados de las transmisiones y operadores que facilitaban el acceso a plataformas digitales cifradas.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la captura de los cuatro implicados a través de un mensaje en la red social X, destacando la importancia de la cooperación internacional para proteger a menores vulnerables.
“Gracias a la coordinación con Francia y Estados Unidos se logró proteger a menores que se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad”, afirmó.
Además de las detenciones, el operativo priorizó la protección y atención de las víctimas, que ya están bajo custodia de organismos de protección infantil en Colombia, recibiendo acompañamiento psicológico y soporte social.
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La investigación continúa abierta, con nuevas líneas de indagación sobre posibles ramificaciones de la red en otros países y su relación con actividades delictivas conexas.
Las autoridades han reiterado su compromiso de perseguir a todos los implicados y de reforzar la protección de los menores frente a las amenazas que plantea el crimen digital transnacional.
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