El exsenador y precandidato presidencial David Luna hizo pública una denuncia de un robo del que fueron víctimas los integrantes de su equipo de trabajo y él, como aspirante al cargo.
Según informó, por medio de un comunicado, hacia las 4:00 a. m. del 21 de junio de 2025, personas desconocidas ingresaron de manera ilegal a su oficina de campaña, donde diariamente opera su equipo, vulneraron los sistemas de seguridad y sustrajeron un computador personal.
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El excongresista aseguró que el incidente no es aislado, puesto que parte de una serie de sucesos que ya ha venido denunciando. Luna advirtió que, por la progresión y el contexto de estos hechos, se configura una situación de riesgo grave, urgente e irreparable. Por esta razón, extendió la denuncia no solo ante la opinión pública, también a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional.
“En mis 27 años de servicio público, nunca había sentido que hacer política fuera tan difícil como lo es hoy”, advirtió.

Hurtos, intimidaciones y falta de repuesta institucional
En el comunicado, el precandidato mencionó por lo menos 19 hechos de relacionados con su seguridad. Entre los eventos que enlistó, hizo referencia sus constantes solicitudes para fortalecer su esquema de seguridad, proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según detalló, en 2022 pidió que se incluyera una persona de confianza en su esquema, pero hubo una respuesta tardía.
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Esto, “pese a que mi rol como opositor exigía medidas reforzadas y oportunas de protección institucional”, dijo.
También reveló que en 2023 hizo una denuncia ante la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Fiscalía, relacionada con posibles interceptaciones y seguimiento a opositores, sin avances significativos en las investigaciones. “La entidad guardó silencio absoluto”, aseveró.
Luego de allegar otro oficio a la DNI y de llevar a cabo un control político para exigir respuestas, fue notificado sobre la necesidad de contar con mayor protección. “Recibí un informe de prevención del director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en el que se recomendaba fortalecer mis medidas de seguridad”, detalló.
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En diciembre de 2023, fue víctima de un hurto que involucró intimidación. Los hechos se registraron en su vivienda. Luego, en noviembre de 2024, pasó una situación similar en la residencia de la coordinadora de su Unidad de Trabajo Legislativo, donde se llevaron equipos con información sensible. Ambos casos presentan demoras en las investigaciones.
Debido a la falta de avances en las indagaciones y a la carencia de respuestas institucionales, hizo una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). No obstante, empezó su campaña presidencial en 2025, sin contar con un esquema de seguridad adecuado para su condición de aspirante al cargo más importante del país.
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De hecho, aunque la Procuraduría General de la Nación inició una investigación formal por su situación de inseguridad, la UNP, al parecer, no ha fortalecido su esquema. “La UNP expidió la Resolución DGRP 001927, reconociendo un esquema mínimo basado en mi condición de exsenador e, incluso, ordenando su desmonte progresivo, ignorando mi precandidatura y el riesgo creciente”, denunció.

De hecho, aunque el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay (7 de junio de 2025) encendió las alarmas, y llevó al director de la UNP, Augusto Rodríguez, a anunciar medidas para fortalecer su equipo de protección, no ha sido notificado al respecto, ni se han efectuado cambios.
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“Todos estos hechos, sumados a las amenazas sistemáticas que he recibido, configuran una situación de hostigamiento prolongado, documentado y judicializado. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido insuficientes, fragmentadas o, en muchos casos, inexistentes”, expresó el aspirante a la Presidencia.
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