La empresa Metro de Bogotá emitió un comunicado en el que abordó las dudas sobre los retrasos en la construcción del deprimido de la calle 72, un componente clave dentro del proyecto de infraestructura más importante del país.
La declaración surgió luego de que la concejala Heidy Sánchez presentara un derecho de petición en el cual cuestionaba el manejo de los retrasos y las compensaciones económicas derivadas del incumplimiento de plazos por parte del consorcio chino encargado de la obra.
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En su respuesta, Metro confirmó que se suspendió el proceso sancionatorio contra el consorcio Metro Línea 1 a pesar de los incumplimientos reportados.
Según el documento emitido por la empresa, la suspensión del proceso sancionatorio se produjo después de que el consorcio Metro Línea 1 presentara un recurso de reposición. Este recurso, acompañado por un informe de la interventoría, concluyó que la situación de incumplimiento había cesado, lo que llevó a la terminación del procedimiento sancionador.
“Una vez presentado el informe de la Interventoría dentro del trámite de un recurso de reposición, que presentó el concesionario, la entidad dio por terminado el procedimiento sancionatorio, al tener evidencia de la cesación de la situación de incumplimiento”. La denuncia de la concejala Sánchez apuntó a que el Distrito de Bogotá había dejado de cobrar las multas correspondientes al retraso de la obra.
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Ante la denuncia pública realizada por Sánchez, la empresa Metro aclaró que, efectivamente, al consorcio le fue descontado $1.281 millones debido a un retraso de 60 días en la entrega de la obra. Sin embargo, esta cantidad resulta mucho menor al valor que inicialmente se había estipulado en el contrato para sancionar el incumplimiento. De acuerdo con las cláusulas del contrato, la multa total debía haber sido de aproximadamente $6.405 millones.
La diferencia en los montos se debe a los recursos legales interpuestos por el consorcio, que alegó dificultades externas que impidieron cumplir con los plazos establecidos. Estos recursos fueron aceptados tanto por Metro como por la interventoría, lo que derivó en la reducción de las sanciones económicas.
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El debate sobre el retraso de la obra
En cuanto a la duración del retraso, el gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez, respondió mediante un video en el que puntualizó que las demoras no fueron de dos años, como había afirmado la concejala Sánchez, sino que fueron de solo cuatro meses. Según Narváez, el contrato había establecido que la entrega del deprimido debería haberse realizado el 8 de octubre de 2024.
Sin embargo, la obra no fue entregada hasta el 17 de febrero de 2025, es decir, 132 días después de la fecha prevista. Durante este tiempo, el consorcio chino solicitó dos prórrogas para terminar la obra. La primera, de 60 días, fue solicitada antes del 8 de octubre de 2024 y venció el 8 de diciembre de 2024, fecha en la que el deprimido aún no estaba listo. Por este retraso, Metro descontó los mencionados $1.281 millones.
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Posteriormente, se otorgaron 45 días adicionales para terminar la obra, una extensión que, según Narváez, generó otro periodo de discusión. Sin embargo, el gerente de Metro evitó confirmar el valor adicional a pagar por este último periodo. Esta extensión fue también el centro de la denuncia realizada por Heidy Sánchez en el Concejo de Bogotá.
Proceso de sanciones y compensación de incumplimientos
De acuerdo con la Empresa Metro, durante febrero y marzo se llevaron a cabo audiencias para determinar la aplicación de sanciones adicionales al consorcio por los incumplimientos posteriores a la primera prórroga. Sin embargo, Leonidas Narváez informó que, de acuerdo con una certificación de finalización de las obras emitida por la interventoría el 26 de marzo, el proceso sancionatorio fue cerrado. El rublo adicional por los incumplimientos más allá de la primera extensión de los plazos fue conciliado entre las partes.
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El gerente de Metro concluyó que la empresa actuó conforme a lo establecido en el contrato y en la ley. “La empresa Metro ha actuado con lo establecido en el contrato y con la ley. No es cierto que la obra se haya demorado dos años y tampoco es cierto que hayamos perdonado algún tipo de multa”, aseguró Narváez.
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